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Durante el segundo trimestre del año 2025 la deuda total global alcanzó los $337,7 billones de dólares, según estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales, IFF. El incremento de la deuda, conforme se lee en el informe, se explica principalmente por el mayor endeudamiento de gobiernos, empresas y hogares.
Siguiendo las lógicas tradicionales sobre macroeconomía, el problema en sí no es que la deuda crezca, sino que la generación de riqueza no lo haga a un ritmo relativamente mayor.
Cuando la economía depende más del endeudamiento que de la producción real, los créditos se vuelven impagables y el sistema financiero se expone a nuevas crisis.
Los únicos que seguramente están tranquilos, y más que tranquilos, felices, con el dato de endeudamiento récord de 2025, deben ser un puñado de la élite banquera mundial cuyas residencias se reparten entre Zúrich, Londres, Nueva York y Hong Kong.
Mientras tanto, la economía global se desacelera y las proyecciones del Banco Mundial para 2026 no son alentadoras, aunque el volumen de créditos sigue rompiendo récords históricos.
Otro sistema financiero es posible desde el modelo cooperativo. Con un enfoque solidario, el crédito puede ser una alternativa para impulsar la economía popular, atendiendo a pequeños productores, trabajadores independientes, emprendimientos comunitarios y familias excluidas del sistema bancario.
Así, las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen una herramienta estratégica para la inclusión financiera y el desarrollo local.
En Colombia, por ejemplo, uno de las grandes implicaciones negativas de la condición histórica de informalidad por una gran proporción de la población en edad para trabajar, es la limitación en acceso al crédito, sin embargo, el 26% de la población en edad para trabajar está en el sector financiero cooperativo, más de 600.000 madres cabeza de familia ahorran y tienen crédito a través de las 174 cooperativas de ahorro y crédito, CACs.
Las CACs son una solución a las barreras de acceso al crédito, o como alternativa a los créditos de intereses impagables e, incluso, al llamado “gota a gota”.
No es casual que entre 2023 y 2025 la base social de éstas en el país haya aumentado de 3,63 millones de a 3,92 millones asociados (+7,96%), cada vez más personas ven en este modelo de crédito una oportunidad real y justa de acceder al crédito.
Así mismo, entre enero y abril de 2025, las CACs reportaron un desembolso agregado de $2,99 billones, frente a los $2,65 billones en el mismo periodo de 2024 (+12,6%).
Este puede ser un número ínfimo si lo comparamos en términos numéricos con la banca tradicional, pero si tenemos en cuenta que 90% de asociados y asociadas son estratos 1, 2 y 3, y que la esencia del modelo no está medida en utilidades sino en el balance social, el impacto es mayor.
En muchas partes del país, las CACs son el único intermediario financiero, además, las mujeres concentran montos más altos en crédito de consumo y microcrédito frente a los hombres.
En octubre de 2024 desde la Supersolidaria lideramos la iniciativa “Pacto por la democratización del crédito”, de octubre de 2024 a julio de 2025, las cooperativas de ahorro y crédito han realizado 86.765 operaciones, un crecimiento de 19% en operaciones de crédito, mientras que el sector financiero crece 6%.
Con desembolsos en crédito popular y productivo de $1.185 billones, un incremento de 33% comparado con los meses previos a la firma del pacto. Lo más importante es que el crédito llegue a quien lo necesita, por eso, los desembolsos de los estratos 1, 2 y 3 suman 97% (1,38%; 2, 37% y 3, 22%).
El crédito puede ser, según el caso, una herramienta de inclusión y desarrollo, o un arma para la autodestrucción de la economía (como una espada de Damocles balanceándose sobre la economía global); la experiencia demuestra que los créditos cooperativos a nivel local devienen en el primer caso, mientras que las impagables deudas de la gran banca mundial, malsanas para la economía, en el segundo.
Basta, por poner dos casos, con pensar en la cooperativa de Inírida y pronto la del Cauca, lanza de la inclusión financiera en regiones que lo necesitan; y por otro, en la crisis inmobiliaria de 2008.
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