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El presupuesto de la Nación es como el que cada familia hace para el año siguiente: debe establecer ingresos, gastos fijos e imprevistos. Imaginemos que, además de la cuota del apartamento, los colegios y la manutención general, surge la circunstancia de que un hijo pasa a la universidad o que uno de los padres ha perdido el empleo. En este caso, la familia tiene dos opciones: o pide prestado o recorta otros gastos como el viaje de vacaciones, el gimnasio o, incluso, vender el carro, pero siempre evitando tener que vender la casa. Este ejercicio de priorizar y ajustar es fundamental para no comprometer la estabilidad financiera familiar.
Lo que no pueden hacer las familias es inflar su presupuesto con dinero que no tienen, o buscar recursos ajenos para cubrir sus compromisos o, en el peor de los casos, dejar de pagar cuentas por negligencia administrativa.
La falta de ejecución presupuestal es un problema crónico. En 2023, solo se ejecutó 65% del total aprobado, mientras que en el primer semestre de 2024 apenas se alcanzó 51%. Más alarmante aún es la baja ejecución del presupuesto de inversión, que solo alcanzó 30%, limitando significativamente la capacidad del Estado para impulsar la reactivación económica.
En este contexto, el Congreso de la República se ha resistido, con razón, a aprobar el monto inicial propuesto por el Gobierno para 2025, que asciende a $523 billones. Existen al menos $28 billones que podrían ser recortados, ya que no están respaldados ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Ejecutivo.
De esos $28 billones, al menos $14,6 billones carecen de una fuente confiable de financiación, lo cual revive el panorama del Presupuesto 2024, que resultó desfinanciado y profundizó la crisis fiscal que afrontamos actualmente. Además, el Gobierno ha señalado que los $12 billones restantes provendrán de una nueva Ley de Financiamiento radicada ante el Congreso. Esta situación genera más incertidumbre, ya que las metas de recaudo propuestas parecen inalcanzables, especialmente en un contexto económico en el que el crecimiento anual proyectado apenas alcanza entre 1,8% y 2%, lejos de las expectativas iniciales.
La propuesta del Gobierno de financiar el presupuesto con nuevos impuestos, como al carbono o al patrimonio, afecta tanto a los sectores de mayores ingresos como a las clases media y baja porque incrementan el costo de vida, reducen la capacidad de ahorro e incentivan la informalidad para evadir la creciente carga fiscal.
En lugar de más impuestos, hay que optimizar los recursos existentes y mejorar la eficiencia del gasto. Utilizar los recursos inmovilizados en fideicomisos y reducir los aumentos innecesarios en gastos de funcionamiento, sin comprometer la inversión en áreas productivas clave, es una medida más prudente y responsable. Según cálculos de expertos, hay un potencial de recorte de al menos $16 billones adicionales en ingresos que no están sustentados adecuadamente.
El Congreso tiene la responsabilidad de ejercer su rol fundamental de supervisión y control del gasto público, asegurando que cada decisión financiera responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y las empresas.
El país necesita un presupuesto responsable, no más impuestos que asfixien la ya frágil economía de los hogares y empresas colombianas.
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