Oxígeno u orgullo

La descertificación llegó acompañada de una exención por interés nacional de Estados Unidos. No hay sanciones automáticas, la cooperación sigue y se abre una “ventana de corrección” condicionada a resultados. La medida es un llamado de atención por desempeño insuficiente frente a los criterios de esa ley. El waiver confirma que la relación es estratégica y que la corresponsabilidad cuenta.

Es, a la vez, alerta y oportunidad. La oportunidad está en manos del Gobierno de Colombia si actúa con cabeza fría, antepone el interés nacional al ideológico, se mueve con rapidez y presenta una hoja de ruta creíble y medible.

Reducir el debate a si cooperar es “subordinarse”, distrae el objetivo. Cooperar no es abdicar, cooperar multiplica capacidades con inteligencia, recursos y tecnología que hoy el Presupuesto no cubre. Cortarla sería quitarle oxígeno a un paciente en crisis. Lo sensato es administrarla con reglas, metas y control ciudadano. Además, hay recursos con destino específico mal ejecutados, los aportantes fijan criterios y las cifras muestran brechas por cerrar.

La discusión no debería ser si tenemos que hacerlo, sino cómo lo hacemos. Para ello hay que reforzar esfuerzos en erradicación, interdicción, extradición y cooperación. Una hoja de ruta urgente debe fijar metas verificables de reducción de cultivos ilícitos, priorizar zonas donde la economía criminal sostiene la violencia, reforzar la presencia estatal con sustitución sostenible y servicios que eviten la resiembra. No basta arrancar y abandonar, se requieren proyectos de largo plazo.

Cortar la cadena logística y el consumo es tan importante como reducir la oferta en tierra, implica controlar rutas, inspección inteligente en puertos y aeropuertos y trazabilidad de la carga. La interdicción eficaz combina tecnología, análisis de riesgo y trabajo binacional sostenido.

Acelerar extradiciones y robustecer la vigilancia financiera demostrará que la cadena criminal no es inmune. Mejor coordinación reduce tiempos, unifica evidencia y asfixia las finanzas de organizaciones que, sin presión judicial real, se reacomodan.

Plantear que cooperar equivale a “subordinarse” es un sofisma que desvía el debate central, desconoce la corresponsabilidad y minimiza la contribución en inteligencia, financiación y tecnología que, por limitaciones presupuestales, no podemos efectuar solos.

Si respondemos con soberbia y poco sentido práctico pueden venir recortes de asistencia, mayores dificultades para acceder a financiamiento multilateral y un alza en la prima de riesgo, que encarece el crédito para empresas y para el Estado, con menos inversión, menos empleo y menor capacidad de financiar políticas sociales.

El dilema no es dignidad vs. apoyo externo, sino acción vs. resultados, con avances medibles y un tablero público que agilice operaciones y corrija desviaciones. Más allá de las menciones de Washington, garantizar seguridad exige una ofensiva integral contra el narcotráfico y las bandas; el diálogo comunitario suma, no reemplaza la acción.

La salida sensata es pragmática, integral, coordinada con quienes aportan recursos y herramientas, implica impulsar la erradicación, evaluar la aspersión conforme a la Corte Constitucional, fortalecer la interdicción, acelerar extradiciones y perseguir las finanzas criminales con inteligencia financiera.

La consigna es una: primero, Colombia.