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A un año de los confinamientos vivimos una mezcla de esperanza con incertidumbre. Ya tenemos la vacuna, que puso una luz al final del túnel, aunque sigue habiendo mucho camino por recorrer y decisiones importantes para tomar para proteger a toda la población y no desfallecer en el esfuerzo que ha generado optimismo y abre paso a mantener, en el largo plazo, la salud de los colombianos y la recuperación económica del país.
Por esto es necesario garantizar un acceso masivo a las vacunas. Se entiende que aún hay disponibilidad limitada de ellas y mientras tanto su adquisición y distribución debe estar centrada a nivel gubernamental. Pero a medida que avanzan los procesos de inmunización en el mundo se acerca la posibilidad de tener dosis suficientes y para ese momento es indispensable que el sector privado se pueda sumar a los esfuerzos del Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Vacunación, para ampliar la cobertura por medio de programas gratuitos al interior de las empresas para sus trabajadores y familiares cercanos sin desconocer los principios de equidad social, sin privilegios y teniendo como premisa el sentido colectivo.
La propuesta que el sector privado ha hecho al Gobierno Nacional busca complementar las acciones, sumarse al desafío en la medida que se liberen dosis adicionales a las negociadas por el Ejecutivo para aumentar el alcance, sobre todo a los más necesitados. Es un gana-gana y una oportunidad para avanzar más rápido y para ello se necesita de un marco jurídico que de las claridades que solicita el Ministerio de Salud y fije la hoja de ruta para que el sector privado se prepare con eficiencia.
En los medios de comunicación de Estados Unidos se menciona la posible solicitud de Pfizer a la autoridad de alimentos y medicamentos de ese país para que su vacuna pueda ser comercializada libremente. Allí el promedio de vacunación llega a los dos millones de personas al día y según el cálculo del presidente Joe Biden para mediados del año todos los estadounidenses habrían quedado vacunados. Esto abre la puerta de una mayor disponibilidad de dosis, labor que desde Colombia debe coordinarse con el Gobierno para asegurar el acceso, logística y trazabilidad de la misma.
Hay que garantizar que los grupos de mayor riesgo reciban la debida atención del Estado y eso incluye a las personas que no podrían pagarlas, familias numerosas de pocos recursos que viven en pequeños espacios, ciudadanos que viajan en los articulados de Transmilenio, trabajadores informales que deben llevar el sustento, o aquellos que no se pueden dar el lujo de hacer teletrabajo. Las vacunas que vayan al sector privado, por supuesto, no pueden mermar la capacidad al sector público.
Pero hay que ser diligentes. Tenemos que lograr procesos responsables y expeditos, aplicando las buenas prácticas y la experiencia de otros países, como Estados Unidos, que ha logrado facilitar, agilizar y evitar el exceso de celo para cumplir el objetivo.
Existe una buena disposición de sector privado para trabajar de forma mancomunada con el Estado, y hay que hacerlo, tener todo listo para el momento indicado, para cuando se tenga disponibilidad de vacunas por parte de las empresas productoras, sin barreras que limiten ser parte de la solución, para que el país vuelva a retomar la senda de crecimiento y propicie la equidad y a prosperidad de todos.