¿Estamos perdiendo la democracia?

¿Estamos perdiendo la democracia? La experiencia comparada enseña que los países no caen de golpe… se deslizan. Hoy, más Estados retroceden más de lo que avanzan y, lo más inquietante, la mayoría de la población mundial ya vive bajo regímenes autocráticos. No se trata de autocracias plenas en todos los casos, pero la tendencia incide y la dirección importa porque cada concesión concentra poder y debilita controles.

Las señales iniciales son conocidas: se hostiga la crítica y se castiga la disidencia, se normaliza el acoso judicial o administrativo y se envía el mensaje de que opinar tiene costo. El uso selectivo de la persecución penal -y la protección de aliados mediante indultos, amnistías hechas a la medida o indiferencias calculadas- erosiona la igualdad ante la ley. Cuando la intimidación sustituye al argumento, el Estado de derecho empieza a resquebrajarse.

La columna vertebral de una República es la división de poderes. Por eso alarma que se busque vaciar el control democrático del Congreso en el presupuesto. Cuando el Ejecutivo retiene, redirige o condiciona recursos aprobados por ley, convierte la excepción en regla y subordina el erario a conveniencias políticas. A ello se suman prácticas como crear tributos de facto por decreto, desmantelar agencias técnicas para evitar contrapesos o gobernar mediante reglamentos que esquivan el debate público y buscan recovecos en la administración de las partidas.

Preocupa la tensión con la Rama Judicial. A los jueces, tribunales y altas cortes se les deslegitima en público, se recurre al “cumplo, pero no acato” y a maniobras para dilatar o vaciar fallos (cambios de competencia, recusaciones masivas, reglamentos que neutralizan sentencias). Además, se suman presiones presupuestales y disciplinarias e incluso reformas exprés que alteran la composición o las reglas de elección. El saldo es un choque de trenes, inestabilidad institucional, inseguridad jurídica y autocensura en quienes deben controlar al poder.

Otro atajo recurrente es la mención de emergencia permanente. Declarar crisis discutibles habilita atajos, se centraliza la decisión, se restringen derechos y se amplía la discrecionalidad. El resultado es predecible: más poder concentrado, menos escrutinio.

La información es el insumo de la democracia, por lo que interferir con datos públicos, asfixiar medios independientes, buscar silencios con pauta o demandas y presionar a universidades para disciplinar el pensamiento crítico construye un ecosistema complaciente, mediocre y manipulable. Menos evidencia, más control y menos pluralismo debilitan el sistema, conducen a políticas peores y a hace ciudadanos menos libres.

La estigmatización de minorías completa el libreto, se fabrica un “ellos” para polarizar, distraer y justificar medidas extraordinarias, mientras que en paralelo avanza la estética del caudillo con propaganda oficial, símbolos y culto a la personalidad para presentar al líder como única solución, cuando en realidad ahondan la polarización y la lucha de clases.

Defender la democracia no es simple retórica. La democracia es el mejor sistema para mantener a raya el abuso y en pie la libertad. Reglas fiscales sometidas a ley, jueces respetados, datos abiertos y disenso protegido son infraestructura cívica. Cada punto cedido al autoritarismo cuesta el doble recuperarlo si no se actúa a tiempo.