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Un billón de pesos

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Eso es lo que destinará el gobierno al programa que ofrece 50.000 subsidios a la tasa de interés para aquellos que tengan el músculo financiero para comprar inmuebles nuevos con precios entre $93 millones y 231 millones.  El programa tiene tres grupos de beneficiarios. Dos de ellos no deberían serlo. Y tengo dudas sobre los estimativos de los beneficios del tercero.

El primer beneficiario es el sector financiero. El subsidio, destinado a compradores de vivienda nueva que pidan crédito hipotecario, se canaliza a través de estas entidades. Habrá incrementos en la demanda de crédito que beneficiarán a los bancos que intermedien esos recursos. Eso no es per se negativo; el sector presta un servicio al enlazar clientes con recursos, tarea que resultaría imposible para el Gobierno. Pero como el objetivo no es favorecer al sector financiero se habría podido exigir que para intermediar esos recursos debería haber una correspondencia de esfuerzos bancarios. Van dos ejemplos. 

El subsidio cubre los primeros siete años del crédito. El sector financiero ha dicho que planea ofrecer a sus clientes la prolongación del mismo por los siguientes siete años. Pero los bancos saben que un buen porcentaje de los créditos hipotecarios se paga antes de ese plazo. Se habría podido exigir que el banco que quiera intermediar recursos cubre el subsidio en los años pares del crédito y el gobierno en los impares. Si no hubo hipocresía en su oferta, a los bancos no debería importarles el cambio. 

El segundo ejemplo tiene que ver con la tasa que pactan bancos y clientes sobre la cual el gobierno subsidia 2,5 puntos. Estos programas deberían limitar la tasa pactada. De esa manera se evita que la mayor demanda de crédito termine incrementando las tasas. En el programa se dejó el pacto a las fuerzas de mercado que en este caso conspiran contra el mismo. Pongo un ejemplo extremo: si la tasa estaba en 10% y el cliente estaba dispuesto a endeudarse, ahora el banco podría ofrecer una tasa de 12,4%. El cliente gana pues al restarle el subsidio la tasa le queda en 9,9%. Pero el banco cobra 2,4% más de tasa de la que habría cobrado en ausencia del subsidio. 

El segundo combo de beneficiarios del programa es el que recibe el subsidio. Hay 50.000 y el programa vale un billón. Así, en números gruesos, a cada beneficiario le tocan $20 millones: del presupuesto nacional destinamos paquetes de $20 millones para colombianos suficientemente acaudalados como para tener acceso a créditos para comprar inmuebles de hasta $231 millones. En mi concepto, esos colombianos no deberían ser objeto de esa lotería. Al menos no con recursos públicos.

Y el tercer combo beneficiario somos todos los colombianos: los cálculos del Ministerio de Hacienda indican que las reverberaciones de cada peso invertido son de $11: el Gobierno pone $1 billón y genera actividad por $11 billones; por cada beneficiario se generan efectos equivalentes a $220 millones ($11 billones dividido en 50.000), grosso modo lo mismo que el precio de venta de las 50.000 casas. Reverberaciones de ese tamaño equivalen a suponer que en ausencia del programa no se habría construido ninguna de esas casas y que los recursos caen del cielo en lugar de salir de nuestro bolsillo. 

Las reverberaciones, si existen, deben ser mucho menores y con certeza hay inversiones en bienes públicos con mejores retornos que subsidiarle a porciones acaudaladas de la población la compra de bienes privados.

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