Hace unas semanas el Ministerio de Hacienda lanzó el marco fiscal de mediano plazo, Mfmp, un juicioso panorama sobre las cuentas fiscales, los déficits, deudas y el tamaño del Gobierno hacia el futuro. Por esos días escribí en este mismo medio una columna llamando la atención sobre el hecho de que dicho marco presupuestaba que sobre el tiempo el tamaño del Estado se iría reduciendo, su importancia relativa en la economía caería a la par con el peso de la deuda estatal. Me preguntaba si de verdad queríamos menos Estado del que tenemos, si esas proyecciones estaban alineadas con las preferencias de los colombianos.
Los acontecimientos de las últimas semanas han vuelto el Mfmp de marras una anécdota histórica. Los estimativos sobre cuánto Estado queremos se han revaluado velozmente. Ya está claro que habrá más recursos para el sector agropecuario. En las discusiones preliminares se habla de una adición de más de $3 billones, es decir un incremento en los egresos estatales de más de 1,5%. Unas semanas antes el mismo gobierno había anunciado que la ambiciosa estrategia para actualizar la infraestructura vial nacional iba a requerir recursos públicos; las famosas asociaciones con el sector privado no tendrían suficiente aire financiero para cubrir el programa. El gobierno pondría a la venta Isagen y con eso esperaba recaudar más de $4 billones.
Así las cosas, nos pusimos rápidamente de acuerdo sobre la necesidad de ampliar la cobija gubernamental. Sin contar con los gastos que se vendrían si los diálogos de la Habana llegan a buen puerto, queremos como mínimo estirar la manta para mejorar nuestra infraestructura y nuestra presencia estatal en el sector agrícola. El problema es que la manta no estira. Y el Gobierno lo sabe. La regla fiscal impide por ley que descuadremos las cuentas. Si queremos más manta, necesitamos más tela, más recaudo tributario.
Para salir del paso lo primero que se ha propuesto es aplazar el desmonte del 4x1000 que a partir del año entrante debía empezar a bajar. Pero ese retazo además de ser eso, un retazo, no alcanza. Con la venta de Isagen embolatada (por el mismo presidente que nombró en el Ministerio de Minas a un opositor de dicha enajenación), los malos resultados financieros del Banco Central, los liberales proponiendo que se subsidien combustibles que consumen los más ricos de la sociedad, la incertidumbre sobre el recaudo a la luz de las nuevas reglas tributarias y del fin de la fiesta en el mundo emergente, ese retazo nos dejará tiritando, con los pies y quizás las rodillas congelados.
¿Solución? Una muy difícil de abordar en año electoral: reforma tributaria. No una que simplemente cambie los bolsillos con los que financiamos al Estado. No una que maquille las cuentas del año entrante. No. Una que aumente el recaudo permanente en al menos $7 billones. Si queremos más Estado, hay que pagar por él.
¿Candidatos para alargar la manta? El Ministro de Salud ha propuesto un impuesto a las bebidas azucaradas (la idea es buena por razones de salud pública pero difícilmente cubriría más del 10% del recaudo adicional requerido); otros hemos propuesto gravar los dividendos que en Colombia están exentos; desde tiempos de Hernán Echavarría se habla de modernizar los impuestos a la tierra; la democracia ganaría si más colombianos pagan impuestos de renta; marchitar las cajas de compensación y destinar parte de su recaudo al Gobierno. ¿Tendrán el Gobierno y el Congreso el valor de abordar este crucial debate en año electoral u optarán por el retazo? Abogo por lo primero, me temo lo segundo.
