Tributaria: ¿Y si el Estado se comportara como una empresa? (I)

Una visión empresarial de la definición del Presupuesto General de la Nación (PGN) nos permitiría entender mejor las razones por las cuales el Gobierno está empujando una reforma tributaria, ya que el proceso presupuestario de las empresas es mucho más eficiente que el de un país en la optimización de los recursos y el aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento.

En una empresa, antes de emprender el ejercicio presupuestal, se realiza una planeación estratégica detallada para proyectar la compañía hacia el futuro. Uno esperaría que el Gobierno realice ese ejercicio con el mismo rigor para maximizar el bienestar de sus accionistas, los colombianos, por medio del gasto público y los incentivos fiscales. A pesar de que para un Gobierno existen limitaciones más exigentes que para las empresas dentro del ejercicio presupuestal como preservar el equilibrio fiscal, el primer error es considerar este equilibrio como meta y no el de impulsar el desarrollo del país y la distribución de estos beneficios con la misma equidad con la que se reparten las utilidades a los accionistas de una empresa.

Me dirán que la anterior es una afirmación de perogrullo, pero la realidad es que el PGN actual se define con criterios muy alejados del beneficio de los colombianos. Uno de los criterios en la definición del PGN es, de acuerdo con ministro Cárdenas, mantener la senda de reducción de la deuda pública neta del Sector Público No Financiero (Spnf) y avanzar hacia el objetivo de estabilizarla en niveles inferiores a 5% del Producto Interno Bruto en 2025. Sin embargo, una revisión rápida del proyecto de PGN revela que en 2015 las inversiones disminuyen 1,4% con respecto a 2014 y el gasto de funcionamiento aumenta 6,4%. 

Sin siquiera analizar la calidad de la inversión y del gasto, un presupuesto así sería inaceptable en una empresa privada. Los gastos de funcionamiento del estado como mínimo deberían limitarse a crecer la inflación (3% ± 1 p.p.) y, teniendo en cuenta que 2014 fue un año electoral con gasto público más alto del esperado, debería considerarse una disminución más drástica. Mantener el presupuesto de gastos de funcionamiento en términos reales ahorraría al fisco alrededor de $5,5 billones y no $1 billón como propone el Gobierno. Un gerente financiero del sector privado, homólogo del ministro Cárdenas, exigiría estos recortes en una empresa. 

La meta de 2025 mencionada por el ministro Cárdenas proviene del incremento en amortizaciones de la deuda de $6,5 billones que la Dirección de Crédito Público, que depende del ministro de Hacienda, debería intentar refinanciar desde ya para permitir una mayor inversión. Es triste pensar que Colombia, que paga tasas de interés cercanas a 6% para endeudamiento a seis años, no utilice esos fondos disponibles para ejecutar proyectos que tienen retornos muy superiores para sus accionistas, los colombianos. 

No será que ¿invertir en la modernización de la justicia, en construir infraestructura que haga más eficiente la actividad industrial o en mejorar los estándares de educación tiene retornos superiores para los colombianos? 

En una empresa desaprovechar oportunidades de desarrollo y de crecimiento como estas tendría implicaciones muy graves para su administración. La lógica financiera implica que si hay oportunidades de invertir en proyectos que generen riqueza en el país, la administración tiene que levantar los escollos para hacerlos una realidad para los colombianos.