Una inconveniente desproporción

“La burocracia tiende a expandirse” es una máxima acuñada por el profesor James Q. Wilson para explicar el comportamiento de entidades estatales inicialmente creadas en nombre del bien común, cuya existencia se acaba sustentando en el interés de sí mismas. Esto explica una paradoja de la administración pública colombiana: en nuestro país se dedican más recursos a cuidar el dinero público que lo que se dedica a conseguirlo.

En el organigrama del estado colombiano existe la figura de los llamados “organismos de control”, entre los cuales se encuentran la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, dos venerables entes que conforman una cuarta rama del poder público (la Fiscalía no es un “ente de control”).

Esta distribución es, de por sí, bastante rara y, como se ha recordado en los últimos días, las funciones de estos dos entes, en especial las relacionadas con las facultades disciplinarias y sancionatorias, son igualmente exóticas a nivel internacional.

Por otra parte, como un apéndice del Ministerio de Hacienda, se encuentra la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, la Dian, encargada, como su nombre lo indica, de administrar las aduanas y de recaudar los impuestos nacionales, que en Colombia son casi todos.

Pues resulta que el presupuesto asignado a la Dian es de $1,4 billones, que equivale a 0,09% del PIB, una chichigua, cuando la práctica internacional es casi cuatro veces mayor, y cuenta con algo más de 11.000 funcionarios que no alcanzan a hacerle mella a la evasión del impuesto de renta que se estima en 38% y del IVA que esta en 22%. O, dicho de otra forma, $1 de cada $4 de impuestos -$47 billones en total- se queda sin recaudar, porque no hay cómo.

Mientras tanto, el presupuesto de la Procuraduría (sin los aumentos recientemente aprobados) está cercano a los $800.000 millones y tiene casi 4.200 funcionarios, y el presupuesto de la Contraloría sobrepasa $1 billón y tiene un número de funcionarios de planta que supera los 4.000. Esto sin contar con las contralorías departamentales y la Auditoria (la contraloría que controla a la Contraloría) que cuentan con otros $600.000 millones.

Son datos y hay que darlos: gastamos más dinero en controlar el supuesto despilfarro y desfalco de los dineros públicos, que en su recaudo, lo cual es un sinsentido.

En las últimas encuestas, los entes de control han compartido el desprestigio institucional que acarrean otros sospechosos usuales, como el Congreso y los partidos políticos. Esto es preocupante. Los entes de control son una parte esencial de la arquitectura institucional colombiana y sus cabezas son personas de la más alta calidad profesional y personal.

Por eso, no resulta conveniente abocar por su desaparición ni su modificación estructural, como lo han hecho algunos reconocidos columnistas por estos días. Sin embargo, es una realidad que, para la opinión pública, por lo menos, las instituciones guardianas de la moral y de las finanzas públicas deben enmendar la plana.