¿Qué hacer con las bacrim?

El despropósito de la llamada “Paz Total” promovida por este gobierno ha llevado a la proliferación de bandas criminales por el territorio nacional como si fueran una plaga de langostas bíblicas. Era de esperarse. Una negociación conducida sin estrategia y método, que se fundamenta en el más ingenuo voluntarismo, no podía sino resultar en lo que resultó: ya ni siquiera sabemos con cuál disidencia de la disidencia estamos negociando.

Desde la Casa Nariño han hecho saber que continuarán en el empeño hasta el último día del mandato. Como los locos, según la conocida definición de Einstein, que son aquellos que insisten en hacer lo mismo esperando obtener un resultado diferente.

Lo que quiere decir que el próximo gobierno deberá lidiar con una situación de seguridad que no se había visto de los tiempos del Caguán. En 2026 el primer paso para reestablecer el estado de derecho en las zonas abandonadas a los criminales será la restitución del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Entre 2004 y hasta la desmovilización las Farc el esfuerzo de control territorial fue muy exitoso. Ahora tocará replicarlo desplegando la fuerza pública a aquellos lugares donde se enseñorean los violentos.

Lo segundo será reestablecer un programa efectivo de erradicación de cultivos ilícitos que incluya fumigación aérea. Si la ecuación de costo-beneficio sigue desbalanceada a favor de la coca nunca se podrán revertir los cientos de miles de hectáreas dedicadas a su cultivo. El narcotráfico es el motor del conflicto armado. No hay nada más efectivo para atacarlo que destruir su materia prima. Además, Trump no será tan tolerante con el statu quo traqueto como lo ha sido Biden.

Hay que reconocer que las políticas de cero-tolerancia con el crimen funcionan. Personajes tan poco agraciados como Bukele o Netanyahu han demostrado que de nada sirve hablar de derechos humanos si los ciudadanos viven amenazados por matones y terroristas. Entre tanta carreta ultra-garantista, más preocupada por ofender sensibilidades de cristal, se nos olvidó que la obligación principal del Estado sigue siendo la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Un tercer elemento de la restauración del orden es el castigo efectivo. La porosidad de un sistema punitivo diseñado en muchos casos por abogados de reos, sumado a la inoperancia legendaria de las cárceles, hace que los castigos sean inocuos. Bukele destruyó a las temibles maras salvadoreñas cuando le puso coto a la impunidad carcelaria. Hay que liquidar el Inpec, reformar los códigos penales y hacer un plan de choque para construir nuevos centros de reclusión.

La seguridad democrática nos demostró que era posible adelantar una campaña contrainsurgente efectiva dentro del marco de la constitución. Ahora que estamos ante la bacriminización del orden público debemos diseñar una nueva doctrina que combata el fenómeno, apropiar los recursos humanos y materiales necesarios para su implementación y asegurar el respaldo político de la iniciativa. Ya lo hicimos una vez. No hay ninguna razón para que no se pueda hacer de nuevo.