Responsabilidades en la pésima clasificación judicial

En la última medición del DB nos fue mal una vez más en materia jurídica. Nos presenta unos datos comparativos que nos sirven para tener una referencia de cómo está Colombia frente a los países de América Latina y el Caribe, y los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

El Doing Business (DB) proporciona una medición “objetiva” de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 190 economías. Se abordan temas como la apertura de un negocio, la protección de los inversionistas minoritarios, el cumplimiento de los contratos, entre otros.

Los indicadores sobre el cumplimiento de contratos miden el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así como el índice sobre la calidad de los procesos judiciales, el cual evalúa si cada una de las economías, ha adoptado una serie de buenas prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial.

El estudio determinó que en nuestro país los costos judiciales que debe asumir el demandante, dentro de un proceso, ascienden a 45,8% del valor del importe en la demanda. Por su puesto, este porcentaje no incluye sobornos. Mientras que para los países de América Latina y el Caribe este costo llega a 31,3%, y para los países de la Ocde llega a 21,3%. Estamos muy por encima de todos.

Lo anterior, es apenas un ejemplo del impacto que tiene en nuestro medio la burocracia, la ineficiencia y en muchos casos la corrupción, que permea nuestro sistema judicial. La Rama jurisdiccional, en su mayoría, está integrada y manejada por abogados, los cuales se forman en los más de 100 programas formales de Derecho que hoy existen en el país. Esta cifra es escandalosa. En Colombia al menos 7 de cada 10 abogados se forman en programas que no tienen acreditación de alta calidad, no pocos escasamente cumplen con los requisitos mínimos para recibir estudiantes. Solo 3 de cada 10 abogados se forman en programas de alta calidad. Según la Corporación de Excelencia en la Justicia Colombia, es el segundo país en el mundo con más abogados por cada 1.000 habitantes. Tenemos exceso de abogados y esto puede estar indigestando el sistema.

Aunque hay quienes piensan que a los universitarios es muy difícil formarlos en valores, nuestra experiencia, con sus limitaciones, pues hay egresados de prestigiosas universidades que delinquen, muestra que sí es posible y que es un grave error no hacerlo.

Ante los recientes hechos de corrupción denunciados y que han afectado a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema, y que se unen a la escandalosa proporción de abogados sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura, vuelve a surgir una pregunta: ¿se debe formar a los abogados en ética? La respuesta es simple: no se puede renunciar a las cátedras de ética y de valores, para todos los profesionales, y especialmente para nuestros abogados. Ya que, en estos espacios académicos, se ofrece la oportunidad de reflexionar sobre su entorno, generando un análisis crítico y la posibilidad de edificarse como un ciudadano honesto.

Colombia no puede seguir inundada de abogados y mucho menos de malos abogados. Nuestra sociedad y la competitividad del país requiere una rama judicial muchísima más eficiente, que administre oportuna y justamente las disputas. Este ha sido un imposible, múltiples “reformitis” no han servido de mucho. Y las reformas a la justicia se han hundido en medio del juego politiquero del Congreso.

Es urgente mejorar la formación de abogados, allí las universidades tienen una seria responsabilidad. ¿Habrá que limitar el número de escuelas de Derecho? También el Congreso es responsable del diseño de un nuevo sistema. De lo contrario, seguiremos atentado contra uno de los principales fines del Estado que es la administración de justicia y atentando contra la competitividad de nuestro país.