La deserción escolar se trepó

La deserción escolar en Colombia ha aumentado en los últimos años, convirtiéndose en una de las alarmas más graves del sector educativo. Según los datos más recientes del Ministerio de Educación, el sistema de información oficial, en 2022 y 2023 más de 700.000 estudiantes abandonaron el sistema escolar. Solo en 2023, la cifra alcanzó los 335.000.

Este problema está estrechamente vinculado a tres factores principales, según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana: dificultades económicas (37%), negligencia o abandono familiar (21%) y problemas de pertinencia e inclusión (21%).

Modificar esta preocupante tasa de deserción debe ser una prioridad. La Lupa de la Educación en Antioquia, una batería de indicadores generada por Proantioquia, muestra que esta tendencia se refleja a nivel nacional. En Antioquia, por ejemplo, la deserción pasó de 7,65% en 2021 a 8,47% en 2023, y si se suma la tasa de reprobación, el porcentaje de estudiantes afectados se acerca a 15%.

Esta crisis requiere acciones inmediatas. En primer lugar, frente al abandono y la negligencia familiar, es fundamental condicionar los subsidios estatales a la escolarización de los hijos y lanzar campañas de concienciación sobre la importancia de la educación. Debemos consolidar un imaginario colectivo de corresponsabilidad, en el que toda la sociedad se comprometa con la formación de las nuevas generaciones. No podemos permitir que niños y niñas queden por fuera del sistema educativo.

En segundo lugar, los directivos y docentes deben mejorar la pertinencia y el bienestar en los establecimientos educativos, garantizando que sean espacios seguros y, al mismo tiempo, lugares que preparen para la vida. En este sentido, el hundimiento del proyecto de ley estatutaria de educación es una pérdida significativa.

Dicho proyecto incluía la evaluación docente con indicadores clave para mejorar la calidad educativa. Sin embargo, la oposición de Fecode y algunos sectores del magisterio impidió su aprobación, lo que, además, provocó la salida de la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara. Hoy, enfrentamos las consecuencias de no evaluar adecuadamente el desempeño de maestros e instituciones.

Por último, la precariedad económica obliga a muchos jóvenes, especialmente en los grados avanzados, a abandonar sus estudios para ingresar al mercado laboral. En lugar de estar en las aulas, terminan engrosando la población económicamente activa en condiciones de vulnerabilidad. Esta es otra consecuencia del bajo crecimiento económico del país y de su impacto en los más pobres.

No podemos resignarnos a esta realidad. Es urgente que el Gobierno implemente estrategias efectivas para garantizar la permanencia escolar, fortaleciendo programas de acceso y apoyo económico para las familias más vulnerables. Las empresas pueden contribuir con oportunidades de formación de maestros, mientras que la sociedad civil debe involucrarse activamente en la protección del derecho a la educación.

Cada niño que abandona la escuela es una oportunidad perdida para el país. Es momento de actuar con decisión y compromiso, porque el futuro de Colombia depende de la educación de sus nuevas generaciones.