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El Banco Mundial advierte en su Informe sobre el desarrollo mundial 2017 que las políticas públicas no se diseñan ni se ejecutan en el vacío: dependen de contextos sociales y políticos complejos, de las relaciones de poder y de la capacidad de coordinar esfuerzos. Una política puede ser impecable en el papel y fracasar al encontrarse con el país real.
Gobernar exige combinar conocimiento técnico y experiencia territorial. Separarlos conduce a dos errores que parecen opuestos, aunque ambos desconocen una parte de la realidad.
El primero es el voluntarismo populista. Desconfía de los expertos, descalifica los datos incómodos y supone que la voluntad política basta para transformar la sociedad. El gobierno anterior hizo de esa actitud una de sus marcas: presentó con frecuencia el conocimiento técnico como defensa de privilegios y prefirió la promesa a la evaluación rigurosa. Pero los problemas públicos no desaparecen porque se les cambie el nombre. Las restricciones fiscales, las capacidades institucionales y las consecuencias de una decisión siguen ahí, aunque el discurso las ignore. Muchas dificultades actuales exigen revisar con seriedad decisiones, resultados y costos.
El extremo contrario es la tecnocracia de escritorio. Confía tanto en modelos, indicadores y estudios especializados que termina creyendo que el país cabe en una hoja de cálculo. Desde Bogotá se define qué hacer, dónde y cuándo, sin escuchar suficientemente a quienes viven el problema. El territorio aparece como destinatario, no como fuente de conocimiento.
No se trata de reemplazar la evidencia por testimonios ni de convertir cada demanda local en política pública. La participación también puede ser capturada por intereses particulares y necesita evaluación, transparencia y un Estado capaz de responder. El Banco Mundial lo ha señalado al estudiar el desarrollo participativo: escuchar a las comunidades funciona mejor cuando se comprende el contexto y existe acompañamiento institucional, seguimiento y aprendizaje.
La tarea es construir una relación fecunda entre saberes. Los expertos aportan datos, comparación, rigor metodológico y evaluación de costos. Las comunidades conocen las distancias, las urgencias, las redes de confianza, las barreras culturales y las consecuencias cotidianas de las decisiones. Los funcionarios deben traducir ese diálogo en políticas viables, financiables y medibles. Después deben corregirlas cuando la realidad demuestre que no funcionan.
Un buen gobierno no llega al territorio únicamente para anunciar obras ni para validar diagnósticos elaborados lejos de allí. Llega dispuesto a escuchar, explicar, contrastar y aprender. Tampoco renuncia a decidir: usa la evidencia para distinguir entre una necesidad legítima, una solución posible y una promesa irresponsable.
Colombia no necesita escoger entre técnicos y comunidades, entre datos y experiencia, entre Bogotá y las regiones. Necesita que se corrijan mutuamente. La técnica que no escucha se vuelve arrogante; la política que no estudia se vuelve irresponsable. El justo medio de Aristóteles debería aplicarse para buscar la dinámica armónica entre dato y experiencia.
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