El pueblo quiere trabajar

La ciudadanía en general está cansada. Está aburrida de todos los acontecimientos políticos promovidos por el Gobierno en los últimos días. No es razonable que el propio Gobierno, que debería estar uniendo y buscando el bienestar general, promueva paros en contra de la ciudadanía y su bienestar. Estas “manifestaciones” no son otra cosa que una estrategia para conservar el poder. Son la continuación del infame estallido social que, a través de la intimidación y el miedo, allanó el camino para que el progresismo llegara al poder.

Muchos ciudadanos pensaron que, si Petro no ganaba las elecciones de 2022, eso significaría tener cuatro años de paros violentos. Incluso creyeron que las ideas del petrismo eran válidas y loables y que, con tal de evitar esa posibilidad, lo conveniente era que ganara esa alternativa. Muchos pensábamos que ese camino era un error, pues las ideas no eran, ni válidas ni loables y, además -para expresarlo con una figura retórica culinaria de Roy Barreras- el chef no era el adecuado.

La realidad es que estamos viviendo una verdadera pesadilla. Tenemos un Gobierno revolucionario en el poder. Un Gobierno que no respeta las formas, ni las instituciones, pues a toda costa quiere cambiarlas y apropiárselas. Un Gobierno que ahora tiene la chequera del Estado para promover marchas y paros, sin escrúpulo alguno. Claro que la Constitución Política garantiza el derecho a la protesta, pero que sea el propio Gobierno quien promueva los paros es un oxímoron.

Además, las marchas no pueden realizarse con vías de hecho que impidan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al trabajo y a la movilidad. Lo cierto es que el Gobierno debería estar gobernando para solucionar los problemas del país, no agravándolos, generando zozobra y desconfianza y perjudicando la economía. Mucho menos si los cercanos al Gobierno, participantes en las marchas, tienen como objetivo bloquear los sistemas de transporte.

Como lo dijo acertadamente el alcalde Galán: las marchas no se pueden convocar ni hacer para “joder a la gente”. El resultado de este ejercicio antidemocrático del Gobierno es que el pueblo no le copió. Como dirían: perdió la calle. Las marchas fueron lánguidas, pues esta vez no había lechona, ni tamales, ni buses, ni indígenas que hicieran bulto, ni empleados públicos -y mucho menos privados-, a pesar de que el Ministerio del Trabajo, previamente a las marchas, expidió una circular ilegal que prohibía a los empleadores públicos y privados imponer sanciones y realizar descuentos salariales a los trabajadores que participaran en ellas.

Para rematar, por los problemas fiscales y la necesidad de caja para el populismo reeleccionista, de manera abusiva e incluso ilegal, el Gobierno expidió un decreto aumentando las retenciones en la fuente en 2025 sobre los impuestos a pagar en 2026. Esto es irresponsable y perjudica gravemente a las empresas y a las personas, al arrebatarles abusivamente la caja de sus negocios y de sus hogares, así como a las finanzas públicas de 2026. Esto generará efectos negativos en el consumo, la inversión y, en general, en la economía

En resumen, el pueblo está cansado, hastiado y fastidiado con este caótico y mal gobierno, y solo pide que lo dejen trabajar.