El ajuste del Emisor y los retos fiscales en Colombia para el Gobierno entrante

El pasado 30 de junio la Junta Directiva del Banco de la República tomó la decisión de ajustar 75 puntos básicos al alza su tasa de intervención. Las razones presentadas en la rueda de prensa y en el comunicado dan cuenta de una incesante presión inflacionaria observada durante lo corrido del año, teniendo en cuenta que para mayo la inflación anual alcanzaba 5,8%, mientras que la inflación básica sin alimentos ni regulados alcanzaba 6%.

Estos datos muestran la importante presión inflacionaria observada en el país y la imposibilidad aritmética de alcanzar la meta de inflación este año, toda vez que la inflación acumulada de enero a mayo para la economía colombiana asciende ya a 4,36%, muy por encima de la tasa de inflación objetivo de 3% para todo el año.

Seguramente los datos próximos a salir para junio en materia inflacionaria corroboren la necesidad de este importante ajuste por parte del Emisor, quien a través de su gerente general reconoció la importancia de generar sobre la economía la presión necesaria para que la meta de inflación se cumpla durante 2027 y no en años posteriores.

Es un apretón difícil, pero necesario.

Con esta decisión de política monetaria, el reto del gobierno entrante, que inicia su gestión dentro de pocos días, implicará iniciar una reconstrucción institucional, no solamente de respeto a las decisiones del Banco de la República, sino también de poner en cintura los patrones de gasto público que hemos visto totalmente desbordados y cada vez mayores durante los últimos meses.

En sus primeras declaraciones, el ministro de Hacienda y Crédito Público designado para el siguiente gobierno, Miguel Gómez Martínez, ha advertido del alto nivel de endeudamiento público de nuestra economía, el cual asciende a 65% del PIB, lo cual preocupa sobremanera si se le suma que entre enero y abril de este año el Gobierno Nacional habría gastado $40 billones cada mes, lo que representa un gasto cercano a $1,3 billones diarios.

Si se contrasta este patrón de gasto con los ingresos recibidos en ese mismo período por parte del fisco, que equivaldrían a $28 billones mensuales, estaríamos hablando de $12 billones de déficit por mes, algo así como un hueco fiscal bimensual equivalente a 80% de lo que, en su momento, el proyecto de reforma tributaria que presentará el gobierno el próximo 20 de julio pretende recoger. Sí, así es: el hueco fiscal de cada dos meses de gasto de este año representa $24 billones. Una cifra realmente escalofriante.

Esta presión deficitaria fiscal no solamente genera una tensión inflacionaria en nuestra economía, sino que complica cada vez más nuestras posibilidades de acceder a fuentes de financiamiento asequibles: mayor deuda se traduce en mayor riesgo en economías como las nuestras, que tienen un mercado interno de capitales pequeño y, por ello, deben someterse a las calificadoras de riesgo en función de su manejo macroeconómico.

El gobierno entrante, a través de su ministro Gómez, ha anunciado un ajuste muy importante y necesario en el gasto del Gobierno Nacional Central. Vendrán tiempos de austeridad, de buscar eficiencia en el funcionamiento de nuestro aparato estatal, sujeto a las rigideces propias de nuestras instituciones, pero también momentos en los que las instituciones del Estado tendrán que retornar a un funcionamiento técnico, desligado de la política y de contratistas pagados como contraprestación de favores más que por sus capacidades, mérito y talento para construir país.

En función del éxito que pueda derivarse de una adecuada organización del gasto dependerá, en gran medida, que el gobierno entrante teja un ecosistema con la suficiente credibilidad para pensar, en un siguiente momento, en una reforma tributaria que apunte al retorno del país al cumplimiento de la regla fiscal y, por ende, a garantizar que Colombia vuelva a ser una economía capaz de atraer la inversión que tanto requiere.

Solo reconociendo la prudencia detrás de la decisión del Banco de la República en materia de política monetaria, sumada a una exitosa estrategia fiscal por parte del gobierno entrante, es que la economía colombiana podrá volver a recuperar la confianza y la solidez necesarias para pensar en un país mejor para quienes lo habitamos.