martes, 14 de julio de 2020

Más columnas de este autor Juan Pablo Córdoba Garcés

Ahora que está de moda la renta básica universal conviene ponerle orden a la discusión. La situación actual puso de presente la insuficiencia de los programas del Estado para dar apoyos a la población vulnerable durante una crisis, pero más importante aún, hizo evidente lo obsoleta e inconveniente que es nuestra legislación del mercado laboral.

Altos costos de contratación formal y de despido, la ausencia de un seguro de desempleo, la inflexibilidad de los contratos laborales y los elevados costos de cesantías que no alivian el desempleo, son algunos de los principales problemas. El resultado: Colombia presenta la tasa de desempleo estructural más alta de los países de la Ocde, una inaceptable informalidad, un sistema pensional en el que sólo una cuarta parte de la población accede a una pensión y una productividad laboral nula o negativa en los últimos 20 años.

Estos pobrísimos resultados son un elocuente veredicto al fracaso de nuestra legislación laboral, que unidos a las aterradoras cifras de desempleo poscovid, hacen inaplazable una reforma laboral que resuelva los problemas de fondo.

La propuesta de una renta básica podría perfectamente ser la base de una reforma de nuestro mercado laboral, pero lo que no puede ser es que esta sea una carga más para el Estado, sin cambiar nada de lo que hoy tenemos y que a todas luces ha arrojado pobrísimos resultados en términos de empleo, formalidad y protección social.

Una renta básica de $400.000 debería ser una aspiración para todas las personas mayores de 65 años que no logren una pensión y erradicar así de tajo la pobreza del adulto mayor. Pero la introducción de esta renta tendría que venir de la mano de la eliminación de la restricción constitucional de pensión mínima igual al salario mínimo, respetando, claro, los derechos adquiridos.

La pensión mínima en Colombia, al ser prácticamente igual al ingreso medio de los trabajadores, es el doble de la norma internacional y es una de las principales razones detrás de la bajísima probabilidad de que una persona pueda acceder a pensión. Dicho de otra manera, la pensión mínima es tan alta, que sólo unos pocos logran ahorrar suficiente para acceder a ella.

La renta básica reemplazaría la pensión mínima y permitiría que personas con baja densidad de cotización que no alcanzan a recibir una pensión de salario mínimo, puedan obtener una pensión y que incluso ésta sea superior a la renta básica. Para los menores de 65 años, la renta básica operaría como un seguro de desempleo. Al perder el trabajo, la persona recibiría la renta básica por cuatro meses mientras encuentra un nuevo empleo y hasta 50% de esta renta básica por dos meses adicionales si no lo ha encontrado y si se encuentra en condiciones de pobreza.

La renta básica de desempleo resulta ser una manera más directa y eficiente de proteger a las personas que pierden el empleo y al poner un límite en el tiempo, estimula a las personas a buscar otro empleo en el menor tiempo posible. Al existir esta renta básica de desempleo, habría que eliminar el sistema de cesantías.

Finalmente, para completar la reforma es indispensable introducir mayor flexibilidad a los contratos laborales. La crisis hizo evidente que los empleadores no tienen herramientas para renegociar los contratos con sus empleados y en consecuencia, el único camino que tienen es despedirlos. Sería preferible que se pudieran ajustar las horas laboradas y que ello signifique ahorros sin que las personas pierdan su empleo.

En consecuencia, si queremos mejorar los resultados de nuestro mercado laboral y asegurar que en la fase de recuperación aumenten los empleos formales aceleradamente, necesitamos una reforma laboral que flexibilice los contratos, reduzca los costos del empleo formal y acerque la pensión mínima a la realidad de nuestro mercado laboral. La renta básica universal puede ser parte de la solución.