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En los últimos meses, Medellín y Cartagena han sido testigos de un aumento en los delitos relacionados con la explotación sexual y el consumo de drogas, afectando gravemente la seguridad de locales y extranjeros. Esta situación ha llevado al Alcalde de Medellín a proponer la regulación de las rentas cortas, sugiriendo una conexión entre estos delitos y el alquiler de apartamentos turísticos.
Esta medida parece ignorar la raíz del problema. Las estadísticas muestran que, a pesar de los esfuerzos, solo tres personas han sido detenidas por estos crímenes. Además, la industria de rentas cortas, liderada por plataformas como Airbnb, ha mostrado un impacto económico significativo en Medellín. La oferta de Airbnb en la ciudad se ha incrementado en más de 66% desde la pandemia, moviendo más de US$62 millones al año. A nivel nacional, el gasto de los huéspedes que reservaron utilizando Airbnb aportó directamente US$554 millones al PIB colombiano en 2021, ayudando a generar 64.000 empleos. Según Asohost, solo en Medellín ha aportado US$25 Millones. Estas cifras resaltan la contribución económica de las rentas cortas, contrastando con la baja tasa de capturas por delitos de explotación sexual e infantil, lo que cuestiona la efectividad de las medidas propuestas por las autoridades locales.
La criminalidad y los problemas sociales que enfrentan Medellín y Cartagena son complejos y multifacéticos. La prostitución y las drogas son problemas endémicos que requieren soluciones integrales y no pueden ser atribuidos a una sola causa o ubicación. La asociación de estos delitos con las rentas cortas es tan ilógica como culpar a un sofá por un acto de infidelidad cometido sobre él.
La persecución de las rentas cortas pareciera ser un chivo expiatorio no solo es una simplificación excesiva del problema, sino que también amenaza con dañar una industria en crecimiento que beneficia a la economía local. La delincuencia, la droga y la explotación infantil requieren acciones concretas y es crucial que las autoridades reconozcan que el problema de la seguridad no se resolverá con medidas superficiales y que se necesita un enfoque más holístico para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.
La seguridad de Medellín y Cartagena es una responsabilidad compartida entre el gobierno, la comunidad y el sector turístico. Es hora de que todos los actores involucrados colaboren para crear estrategias efectivas que protejan a los ciudadanos y visitantes, sin sacrificar el potencial económico de la región. Y es que el tema se ha vuelto álgido, pero no es nuevo. Según el diario El Colombiano en Medellín, se reportaron 112 casos de explotación sexual y comercial de niños y adolescentes solo en 2020. Además, entre 2015 y 2019, hubo 918 denuncias de abuso sexual contra menores y 303 personas fueron condenadas por estos delitos. En Cartagena en 2021 hubo 660 denuncias por violencia sexual; De estos, 432 procesos estaban relacionados con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, en lugar de apuntar a las rentas cortas, las autoridades deberían centrarse en fortalecer las políticas de seguridad pública, mejorar la educación y las oportunidades económicas, y fomentar una cultura de respeto y legalidad. Solo entonces podremos esperar ver una disminución en los delitos y un ambiente seguro para todos.
