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En Colombia se ha vuelto costumbre que los errores en política de seguridad se disfracen de buenas intenciones. Desde el proceso de paz con las Farc, en el que los cabecillas recibieron curules, beneficios judiciales y económicos sin entregar un solo dato sustancial sobre las rutas del narcotráfico el país se ha deslizado hacia una situación de alarmante inseguridad. El resultado: las llamadas “disidencias” -que no son otra cosa que la misma estructura criminal reciclada- se fortalecieron, se reorganizaron y continuaron su negocio con impunidad.
A esta falla estructural se sumó una decisión nefasta: prohibir la aspersión aérea de cultivos ilícitos; aunque se argumentó que era por razones ambientales y de salud, lo cierto es que se desmontó una herramienta clave en el control territorial y la lucha contra el narcotráfico sin implementar una alternativa eficiente. Bajo el gobierno de Iván Duque la prohibición se mantuvo, y durante el actual gobierno de Gustavo Petro, el enfoque de “paz total” ha sido aprovechado por los grupos armados para expandir su influencia, sin disparar un solo tiro.
El resultado se ve en cifras. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en 2023 la cifra récord de 253.000 hectáreas, lo cual representa un aumento de 13% respecto al año anterior. El 43% de estos cultivos están concentrados en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, regiones donde las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo ejercen control no solo armado, sino social y económico.
El Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha duplicado sus frentes operativos en la última década. Hoy tiene presencia en al menos 16 departamentos del país y ha fortalecido sus finanzas gracias a la minería ilegal, los secuestros y el cobro de extorsiones. Mientras tanto, el proceso de diálogo con esta guerrilla avanza a ritmo burocrático, sin que ellos cedan ni un centímetro en sus negocios ilícitos. Es más, en zonas como Arauca o el Catatumbo, el ELN ya actúa como una autoridad paralela.
El Clan del Golfo, por su parte, ha expandido su presencia en las costas del Caribe y el Urabá antioqueño, convirtiéndose en uno de los principales exportadores de cocaína a través de lanchas rápidas y rutas marítimas controladas. Su poder de fuego y capacidad corruptora lo han convertido en una amenaza tan real como silenciosa.
Las disidencias de las Farc, encabezadas por Iván Mordisco y otros jefes reciclados del antiguo secretariado, operan como un cartel regional con nexos internacionales. Han sofisticado sus métodos de producción, han penetrado los gobiernos locales y se mueven con la misma lógica de los Zetas o el Cártel de Sinaloa.
Lo grave de esta situación es que ya no estamos ante grupos con aspiraciones políticas, sino ante verdaderas corporaciones criminales. Su interés no es tomarse el poder, sino asegurarse de que ningún gobierno interfiera en su negocio. Colombia no enfrenta una guerra ideológica, sino una guerra económica con armas largas, dólares sucios y territorios controlados.
El próximo presidente de Colombia se enfrentará a un escenario difícil: un país con récords históricos en cultivos ilícitos, con las estructuras criminales más fuertes de las últimas dos décadas y con la población en las regiones más vulnerables sometida a la ley del miedo. Y lo peor: cuando intente atacar esa culebra que se dejó crecer, la reacción será brutal. Volveremos -si no se actúa con inteligencia y firmeza- a una época de masacres, carros bomba, secuestros y extorsiones generalizadas.
