Nadie se acuerda de ellos

Siempre me ha parecido que el proceso de concertación del salario mínimo entre empresarios y sindicatos es una pantomima de negociación donde se exageran las pretensiones. Especialmente las de los sindicatos, quienes piden aumentos desmesurados muy superiores a la inflación. Claramente la dirigencia sindical no repara en los efectos negativos que un aumento descomedido puede tener sobre la economía del país.

En esa supuesta negociación una cosa que me sorprende es que nadie defiende los intereses de los que para mí son los actores más importantes en la discusión: los desempleados y los informales. Ellos constituyen una gran masa de personas que suma aproximadamente 16 millones -3 mm de desempleados y 13 mm de informales-, o incluso más si se tienen en cuenta aquellas personas que excluyen las estadísticas porque dicen no estar buscando trabajo. La verdad de a puño es que subir demasiado el salario mínimo estimula el desempleo. ¿Por qué? Porque el salario es un precio. El precio del trabajo. Y como sabemos, si algo se vuelve demasiado costoso se reduce el interés por comprarlo, o por lo menos por comprarlo legalmente.

Un aumento abultado del salario también promueve la informalidad laboral. A veces se nos olvida que 90% de las empresas en Colombia son Pyme y que muchas de estas operan con recursos limitados. Si a estos empresarios se les encarece la contratación legal, optan por la ilegal. No solo por el costo del salario básico, sino porque la carga prestacional y de seguridad social hace que los llamados costos no salariales sean cercanos al 50%. El salario formal es como un árbol de Navidad lleno de colgandejos tales como las contribuciones a pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación, primas, cesantías, etc. Si el mínimo sube demasiado, también lo hacen proporcionalmente estos adornitos bien llamados impuestos a la nómina.

Nuestros gobernantes y sindicalistas son selectivos a la hora de entender como opera el peor flagelo de los pobres: la inflación. Si subiera el precio de la papa 20% es un escándalo, pero si subiera el salario mínimo en esa proporción no. Lo llamarían justicia social, pago de deuda histórica o algo populista de ese estilo. Las empresas al final del día tienden a trasladar los aumentos de sus costos a los consumidores para proteger su margen. Así que un aumento desproporcionado del salario mínimo se traduce en un aumento de precios. Y en este momento echarle leña al fuego de una inflación que ronda 13% es altamente inconveniente.

Otra consideración que hay que tener en cuenta en el proceso de ajuste salarial es la competitividad del país. Los países compiten por inversión y por clientes para sus bienes y servicios. No podemos desconocer que el precio es uno de los atributos más atractivos para un cliente. Si nos da por encarecer demasiado nuestra mano de obra nos volvemos más costosos para producir que otros países. Si esto sucede, no solo generamos una pérdida de mercado para nuestros productos, si no también desinterés de inversionistas por establecerse a producir en Colombia.

No estoy diciendo que no se deba ajustar el mínimo para evitar una pérdida de poder adquisitivo. Lo que digo es que nuestros líderes deben tener en cuenta todas las consecuencias asociadas al ajuste del salario. Exagerar tiene un costo: mayor desempleo, mayor informalidad, menor inversión extranjera directa y menor competitividad de nuestros bienes y servicios.