La reforma que no fue

Cuando desde el Ministerio de Hacienda radicamos el 15 de abril una reforma tributaria pos pandemia, en mi calidad de Viceministro del momento, y sin comprometer la opinión de los demás, considero que no fuimos conscientes de la realidad, que por más dura que sea es clara; en Colombia la solidaridad no existe. Fuimos acusados de ser indolentes y de incendiar el país por buscar los recursos para atender a quienes requieren apoyo por parte del Estado. Y si algo no entendimos, es la imposibilidad de tomar decisiones de fondo, en época electoral, “un año antes de elecciones”. La reforma se retiró.

Los voceros del Comité del Paro, que meses antes ya lo tenían convocado, alegaron que la reforma generaría encarecimiento en los precios de los alimentos, que la llamada clase media se vería afectada y que los pobres serían más pobres y con eso consiguieron una excusa para incendiar el país.

Han transcurrido casi dos meses desde que iniciaron las protestas y el descontento se apoderó de nuestro imaginario, los productos de la canasta familiar están disparados, se ha visto desabastecimiento en muchas ciudades, empresas tuvieron que cesar sus actividades, el puerto de Buenaventura colapsó, los exportadores incumplen sus obligaciones, tal situación no se había visto ni en los días de máximo confinamiento. Esto sin contar con que estamos pasando por el peor momento de la pandemia a causa de las manifestaciones. Los costos para nuestra economía son incalculables.

La reforma retirada tenía cuatro objetivos fundamentales: El primero, consistía en disminuir la desigualdad en nuestra sociedad mejorando nuestro coeficiente Gini nueve veces el promedio de los últimos 10 años, buscando reducir la pobreza extrema en 7,2 puntos porcentuales y la pobreza en 3,2 puntos. El segundo, mantener los programas sociales que se crearon para proteger a los más vulnerables, el tercero, pagar la deuda en que incurrimos todos los colombianos a raíz de la pandemia y el cuarto, establecer impuestos verdes por la preocupación que genera el medio ambiente.

Se pretendía que 40% de la población, es decir 20 millones de personas, no pagara el IVA. Se buscaba de forma anticipada entregarle en dinero a los beneficiarios, ese valor pagado por el impuesto, el cual hoy paga y el que pagaría por los nuevos productos gravados. Los demás colombianos sí debíamos pagar el IVA, los ricos tendrían que pagar ese terrible impuesto por el jamón serrano, por el atún de aleta azul, porque el atún enlatado ya lo paga, por la carne angus o demás productos esenciales en su canasta familiar.

Proponíamos que el 10% más rico, óigase bien que cinco millones de personas en un país de 50 millones, pagáramos impuesto de renta. Hoy solo lo pagamos 2,5 millones. El primer colombiano que hoy paga impuesto de renta se gana $6 millones mensuales, seis veces más que un salario mínimo, cuando en Colombia el 40% más pobre no se lo gana. En Estados Unidos se empieza a pagar renta con un ingreso cercano a los $3 millones mensuales, la mitad del nuestro.

Pero cometimos un pecado. Nos metimos con la “clase media”. ¿Cómo una persona que se gane 36 millones al año puede pagar $100.000 o $200.000 pesos?¿Cómo decirle que contribuya para que con sus impuestos incluido el IVA, podamos garantizar la educación gratuita a los más necesitados, darle salud a todos los colombianos, construir carreteras, mantener un ingreso solidario temporal y pagar las pensiones así sean de $10 millones? Es un pecado.

El discurso populista de no tocar a la clase media está acabando con nuestro país. ¿Cómo puede una persona que tiene a sus hijos en una universidad privada, empleada doméstica, salud prepagada, vivienda de más de $400 millones decir que es de clase media? No se confundan, esa persona en Colombia es un privilegiado que hace parte del 10% más rico pero no quiere pagar impuestos. Si no contribuimos con impuestos no podremos tener la sociedad que nuestros jóvenes y quienes apoyan el paro reclaman.