El fin de nuestro Estado de Derecho

La consolidación de los estados modernos como hoy se conocen, parte de principios fundamentales entre los cuales están la separación de poderes, la no existencia de tributos sin representación y la no existencia de gasto que no esté aprobado previamente por el legislativo. Esto supone la garantía que tienen los ciudadanos frente a los abusos del poder por parte de los gobernantes. Hoy con preocupación observamos que el Gobierno del cambio está efectivamente cambiando las reglas de juego y atentando contra el propio Estado de Derecho. Los constantes anuncios sin sustento legal alguno por parte de los funcionarios, ponen en riesgo la integridad individual de los ciudadanos, la seguridad jurídica y la estabilidad económica de nuestro país.

En el marco de la consolidación de la “paz total”, han anunciado la liberación de los integrantes de la primera línea ahora denominados gestores de paz, personas que en realidad son delincuentes comunes, así como las solicitudes de levantar las órdenes de captura a los miembros de los grupos armados sin la existencia de una ley que lo faculte y sin que estos ostenten estatus político; dichos anuncios atentan contra la separación de poderes y se constituyen como una injerencia indebida tanto en la autonomía del legislativo, al pretender usurpar las funciones que por Constitución le pertenecen, relacionadas con la formulación de la ley penal, como en el judicial, al aspirar ordenar a los jueces suspender las penas sin el fundamento jurídico necesario.

Decisiones económicas sin autorización legal como la de congelar el valor de los peajes, que si bien puede ser loable, atentan contra la estabilidad jurídica. Los contratos firmados establecen la indexación de sus valores y la forma de remuneración, razón por la cual, por Decreto no puede modificarse a la ligera; recordemos que los contratos son ley para las partes. De otra parte, si deciden pagar esta diferencia con cargo al presupuesto nacional, nuevamente lo harán sin cumplir con el deber constitucional de la autorización y asignación previa de los recursos por el Congreso. No se puede crear la terrible costumbre de generar gasto y posteriormente legalizarlo por la puerta de atrás. Eso es violar la ley. Como ya se ha dicho es exactamente lo que hicieron con la rebaja de la tarifa del SOAT, frente a la que no tenían autorización legal, sustento técnico ni apropiación de recursos, por lo que la solución a posteriori, fue bajar la cobertura y transferirle la carga al sistema de salud como asegurador universal sin dotarlo de los recursos para tal fin. ¿Cuándo será que vamos a conocer en qué se van a gastar los recursos de la Tributaria de una forma clara y transparente? No les van a alcanzar para la infinidad de gastos que no están incluidos ni en el marco fiscal ni en el plan financiero para este año.

Sin embargo, el Congreso en cambio mudo, no se le ve reclamando su independencia, ejerciendo sus principales labores que no son otras que las de hacer las leyes y efectuar control político, resulta que ahora por Decreto, el Gobierno nacional puede usurpar sus funciones. Nada dicen de la creación de gastos del Gobierno sin su autorización. El presupuesto que aprobaron resulta ser letra muerta, cada día se lo saltan y asignan recursos para fines distintos a los que esta corporación los destinó, sin su consentimiento y aprobación, modifican la ley penal para favorecer en un caso a personas afines a su causa y en el otro a grandes narcotraficantes que deben ser sometidos a la justicia.

Gobernar implica, en primer lugar, someterse al imperio de la ley, requiere planificación y toma de decisiones con sustento técnico y no por capricho en el marco de la formulación de las políticas públicas, responsabilidad en los anuncios, respeto por los procedimientos, cumplimiento de los contratos previamente firmados, sí se puede contener en un término “estabilidad jurídica” y esto es lo que no se está respetando a la hora de actuar. Debemos respetar el Estado de Derecho.