A reconstruir Colombia

La tragedia que vivió Colombia por el terremoto le impone inmensos retos al nuevo gobierno, a los mandatarios locales y a toda nuestra sociedad; es el momento de trabajar de la mano para lograr la atención de los miles de damnificados, una pronta reconstrucción y una efectiva reactivación económica de las zonas más afectadas. La solidaridad de todos ha sido la mejor muestra de unidad y amor por el país.

No existe duda de la necesidad de la declaratoria de emergencia; resulta indispensable contar con mecanismos expeditos para atender la catástrofe, se requieren con urgencia recursos frescos para financiar la atención de las víctimas, la reparación de la infraestructura, la prestación de los servicios públicos, así como generar estímulos a la inversión y otorgar créditos con tasa subsidiada para la construcción de vivienda y la reactivación del aparato productivo.

Es claro que el país tendrá que adquirir nueva deuda, por lo cual, en el marco de la emergencia económica, en primer lugar se debe ampliar el cupo de deuda autorizado al gobierno para este y los próximos años; se requiere agilizar los trámites para adquirir tales créditos, con lo cual debe suspenderse el requisito de solicitar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público concepto para la adquisición de la misma. Asimismo, con el fin de dar tranquilidad a los mercados, debe establecerse una nueva senda de convergencia de la deuda pública a niveles aceptables y establecerse una nueva regla fiscal en la cual existan consecuencias en caso de incumplimiento, enfatizando en que el gobierno no pueda suspenderla sin concepto del comité autónomo de la regla. De igual manera, como ocurrió en la pandemia, es necesario permitir a las entidades territoriales superar los límites de deuda establecidos actualmente, debe darse la posibilidad de reorientar rentas y modificar sus presupuestos. Asimismo, debe permitirse hacer uso de los recursos de regalías de una forma más ágil y autorizarlos para atender la tragedia.

Resulta conveniente analizar la posibilidad de disminuir el encaje de los bancos de manera temporal, con el fin de que se puedan otorgar créditos a tasas menores que las actuales e irradiar más recursos en las zonas más afectadas, y del mismo modo otorgar alivios a los deudores que se vieron afectados por el terremoto; debe establecerse un programa de garantías de la Nación a través del Fondo Nacional de Garantías para la reactivación de las actividades económicas de los más afectados. Es imperativo dotar de recursos al Fresh para otorgar subsidios a la tasa de interés, y debe fortalecerse y financiarse el programa Mi Casa Ya.

Como bien lo mencionó el gobierno, es imperativo crear un fondo de reconstrucción que canalice los recursos, otorgue las ayudas, ejecute las obras y coordine con las entidades territoriales la prestación de los servicios; este fondo debe administrar los recursos por fuera del Presupuesto General de la Nación y tener un régimen de contratación ágil y eficiente. Es indispensable que cuente con una auditoría especializada que se encargue de velar por el buen uso de los recursos.

En aras de priorizar los recursos para la atención de esta tragedia, valdría la pena analizar la posibilidad de expedir una norma que permita la terminación unilateral de los contratos de prestación de servicios celebrados de manera irresponsable, descarada y turbia por parte del gobierno de Gustavo Petro después de las elecciones presidenciales; esto permitiría liberar billonarios recursos y, de otra parte, sacar a una cantidad de activistas que dejaron amarrados y que obstaculizan las labores del actual gobierno. Resulta conveniente que el mecanismo de obras por impuestos se pueda extender a las zonas afectadas por el terremoto, que se permita la utilización de recursos del Sistema General de Participaciones y que se generen todos los mecanismos que garanticen la prestación de los servicios sin las restricciones que hoy la ley impone. Solo con la participación de todos, Colombia saldrá adelante.