Un respiro

Pocas cosas generan tanto estrés en la industria de la infraestructura como la falta de pago. La incertidumbre financiera recorre toda la cadena de valor y pone en jaque a empresas, contratistas y trabajadores, afectando la estabilidad de miles de familias y la capacidad misma de ejecución de los proyectos. Pero, cuando los pagos finalmente se hacen efectivos, al menos hay un respiro.

Durante meses, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, alertó sobre la crisis generada por la falta de pago del Instituto Nacional de Vías, Invías, a contratistas y proveedores. La deuda acumulada superó el billón de pesos y afectó directamente a más de 57 proyectos estratégicos en el país, entre ellos la Transversal del Catatumbo, la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos y la conectividad Arauca-Casanare. Además, puso en riesgo la estabilidad financiera de cientos de empresas y trabajadores que dependen del sector.

En el ecosistema de la infraestructura, el dinero no se detiene en un solo actor. Cada pago que una entidad estatal libera se convierte en salarios, renta de equipos, mantenimiento de maquinaria, compra de materiales, pago de seguros y cumplimiento de obligaciones bancarias. En el caso particular de una firma de consultoría como la nuestra, dependemos no solo de nuestra nómina de ingenieros y especialistas, sino también de una red de proveedores que nos facilitan equipos de topografía, software, laboratorios, vehículos, oficinas, suministros, pólizas y otros servicios esenciales.

Por su parte, los contratistas deben asumir costos de personal, maquinaria, combustibles, repuestos, arrendamientos, impuestos y financiamiento. Cuando los pagos se retrasan, todo el sistema se resiente: las empresas reducen su capacidad operativa, los proveedores enfrentan impagos y los trabajadores ven comprometidos sus ingresos. Según la CCI, muchas pequeñas y medianas empresas del sector sufrieron retrasos de hasta ocho meses en los pagos, lo que llevó a algunas al borde del colapso financiero.

Afortunadamente, a la fecha, el Invías ya comenzó a pagar las facturas radicadas en 2024 que estaban sin saldar. El Ministerio de Hacienda había anunciado que los pagos se desembolsarían en tres fases: en febrero $200.000 millones, en marzo $600.000 millones y en abril $800.000 millones. Si bien el proceso aún está en marcha, la liberación de estos recursos ha traído un respiro inmediato a muchos contratistas que llevaban meses esperando.

Este episodio es un recordatorio de que el flujo de caja en los proyectos de infraestructura no es un capricho, sino una necesidad estructural. Sin pagos oportunos, la ejecución se ralentiza, las obras sufren retrasos y el impacto económico se multiplica. No solo se trata de cumplir contratos, sino de garantizar que el sistema funcione de manera sostenible.

El problema de fondo sigue siendo la falta de previsión financiera y la tardanza en la ejecución del gasto público. La propuesta inicial del Gobierno de pagar en cuotas a lo largo de 2025 fue rechazada por el gremio, que advirtió que esta estrategia podría generar una parálisis en la obra pública durante el primer semestre del año. La infraestructura es un pilar del desarrollo económico y social del país, y garantizar su financiación y ejecución oportuna debe ser una prioridad absoluta.

Desde el sector, seguimos insistiendo en la necesidad de mecanismos más ágiles y eficientes para la aprobación de facturas y la liberación de recursos. La estabilidad de miles de empresas y trabajadores depende de ello. Hoy hay un respiro, pero el reto sigue siendo asegurar que no volvamos a enfrentar una crisis de esta magnitud. Ojalá esta lección no se olvide y en el futuro podamos hablar más de avances y menos de cuentas por pagar.