Sin caja no hay infraestructura

El enunciado, en realidad, aplica para todo, no solamente infraestructura. Para lograr que los proyectos que necesita el país a nivel de conectividad nacional, así como las obras que hacen falta en las ciudades y municipios, es vital contar con financiamiento adecuado. Sin este es muy difícil construir y mantener infraestructuras.

Además de contar con una fuente confiable de financiamiento, es necesaria una adecuada estructuración de proyectos, para que el alcance quede bien definido y el presupuesto necesario para su ejecución bien calculado. Es acá donde se definen también los mecanismos efectivos para la gestión de riesgos y la prevención y resolución de conflictos durante la ejecución del proyecto. Esto previene los sobrecostos y las extensiones innecesarias de plazos.

Como medida siguiente, ya en el proceso de selección de contratistas para la ejecución del proyecto, es clave que dicha selección se haga de forma tal que se maximice el beneficio para el dueño del proyecto y la sociedad en general. Con frecuencia se incluyen criterios de selección basados en calidad y precio, donde los competidores apuestan a bajas en el precio, poniendo en riesgo la calidad y el plazo de ejecución.

Ya durante la ejecución del proyecto, las condiciones contractuales relacionadas con la forma de pago afectan la caja. En algunos casos, el pago está condicionado al cumplimiento de hitos contractuales, los cuales dependen no solamente del contratista, sino de terceros. En otros casos, se hacen necesarias aprobaciones documentales, en cabeza de revisores que desconocen el fin último del proyecto y resultan en demoras en la generación de la factura. Usualmente quienes hacen estas revisiones asumen posiciones divergentes a la del dueño del proyecto.

¡Finalmente se genera la factura! Desafortunadamente, en las circunstancias actuales, por alguna razón inexplicable, las entidades contratantes de proyectos de infraestructura en el país inician el año sin efectivo. Esto genera que firmas contratistas e interventoras por igual se encuentren en dificultades financieras, agravadas por la situación de altas tasas de interés y la inflación que se ve reflejada en los costos del servicio, pero no en la remuneración. No recibir los pagos a tiempo puede afectar la calidad de los trabajos realizados.

Los contratistas, consultores e interventores son actores clave en la construcción y mantenimiento de infraestructuras. La mayoría de las firmas de ingeniería del país, dedicadas a esta labor, son micro, pequeñas o medianas.

De acuerdo a Confecámaras, y teniendo en cuenta los criterios de clasificación del Decreto 957 de 2019, que especifica que los segmentos de construcción y consultoría se clasifican según los ingresos por actividades ordinarias anuales, cerca de 560 están catalogadas como grandes empresas, mientras que 68.062 son MiPyme. Cabe mencionar que, el umbral que separa estas dos categorías es un nivel de ingresos de $20.486 millones.

Tanto para grandes como para MiPyme, la caja es imprescindible para que la actividad empresarial pueda continuar. Es por esto que las entidades al frente de los grandes, medianos y pequeños proyectos a nivel nacional, en gobernaciones y alcaldías, deben centrar su atención en garantizar una adecuada financiación de proyectos, una rigurosa estructuración de los mismos, una selección transparente y objetiva de sus proveedores contratistas, consultores e interventores, establecer formas de pago que no ahoguen a las firmas de ingeniería, y ser muy diligentes con el pago.

Sin caja no hay infraestructura y, en efecto, esto genera graves consecuencias para la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico y social del país.