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Antes de finalizar esta semana el Congreso debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Al momento de escribir esta columna, algunos bloques importantes del articulado ya han sido discutidos en las plenarias del Capitolio. En el Senado algunas propuestas controversiales han sido eliminadas. Cabe destacar la eliminación de varios artículos que buscaban modificar la arquitectura en materia regulatoria de los sectores de energía y gas permitiendo una mayor integración vertical.
En buena hora el Senado decidió no aprobar dichos artículos que iban en contravía del avance en materia regulatoria vía mayor competencia y especialización en las diferentes cadenas que atienden estos sectores tan estratégicos para el país y de tanta relevancia para los consumidores. Esperemos que la Cámara ratifique la decisión del Senado y se eliminen definitivamente estos artículos del Plan Nacional.
Otro artículo, el 370, que sigue vivo es el relacionado con la posibilidad de aumentar el límite máximo de co-financiamiento de la Nación 70% para los proyectos de transporte masivo. El Plan Nacional apunta en la dirección correcta al poner un énfasis especial en el tema férreo, pero dicho artículo, cuya versión aprobada en el Senado elimina el énfasis en proyectos soterrados, parece tener un propósito mucho más limitado, con nombre y apellido: Metro de Bogotá.
La discusión sobre la naturaleza del Metro de Bogotá, que tanta polémica ha suscitado, debe reconocer que el contrato del proyecto de la capital ya fue asignado con unas características específicas, y por lo tanto una eventual modificación tendría unos riesgos jurídicos altos, además de costos adicionales para el erario.
Suprimir la palabra soterrado del artículo no elimina la preocupación de que el destino final de esta propuesta sea específico a Bogotá con un costo de $15 billones en una coyuntura donde otros proyectos de movilidad regional no cuentan con recursos. Esto en un Plan que es especialmente parco sobre proyectos de infraestructura estratégicos, y escasamente mencionan la ola de proyectos 5G. La hoja de ruta tiene un énfasis en los proyectos de Asociación de Iniciativa Público Popular, una figura nueva, que, si bien podría complementar la ya existente de iniciativas privadas, puede terminar dispersando y fragmentando la inversión pública, y por ende generando un impacto muy bajo en las regiones.
Otro aspecto controversial del Plan Nacional, que naufragó en la discusión, fue la creación de la Agencia de Seguridad Digital, un tema que seguramente volverá al Congreso, pero con una discusión más amplia y como un proyecto de Ley independiente. Por el contrario, los artículos relacionados con la creación de múltiples fondos han sido aprobados. La justificación para dichos fondos suena loable, en la medida que buscan atender comunidades con amplias necesidades. No obstante, la dispersión y fragmentación del presupuesto público, así como el tamaño de escala de dichos fondos puede terminar siendo foco de corrupción y clientelismo y tener un impacto innocuo.
El Plan, que en buena medida se ocupa de temas territoriales, de agua, y de brechas sociales, tiene poco énfasis en temas de crecimiento económico. Ojalá en las próximas horas, donde el Congreso podrá afinar el articulado y dar los últimos retoques, se logre un texto más balanceado.
