Ley de Rescate

Colombia necesita la Ley de Rescate. Sin un ajuste fiscal, el déficit del Gobierno Nacional Central superaría en 2027 el 9% del PIB, el más alto de nuestra historia. Desde 2029 la deuda pasaría del 70% del PIB, y los pagos de intereses, pensiones y transferencias al Sistema General de Participaciones superarían el recaudo: la Nación tendría que endeudarse para pagar la nómina, la salud, la educación y la seguridad.

Este hueco no surgió de la nada. Es fruto de desbalances recurrentes, de leyes que han vuelto inflexible el presupuesto y de una administración anterior que asumió compromisos sin fuentes estables de ingresos. A ello se suma una herencia más difícil de reparar: la desconfianza ciudadana que dejaron la corrupción y el despilfarro, y que hoy se traduce en resistencia a pagar más impuestos. Corregir el déficit y recuperar esa confianza son tareas inseparables.

La iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella va en la dirección correcta. Plantea un ajuste cercano al 4,7% del PIB a 2030, acorde con el tamaño del reto; recorta gasto, refuerza los controles de la regla fiscal y elimina impuestos que recaudan poco. Además, el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge) ofrece a las grandes inversiones nuevas una tarifa de renta reducida y estabilidad tributaria por 16 años, como ya lo hacen Argentina y Chile. Es un paso necesario en un país con una de las tasas de renta corporativa más altas del mundo.

Pero el proyecto debe ajustarse. Solo el 35% del esfuerzo recae en menor gasto, frente a un 54% en mayores contribuciones de hogares y empresas, un balance difícil de conciliar con la fatiga tributaria. El aumento del IVA, aun con la devolución EfectIVA para los más pobres, enfrenta resistencia política y golpea la producción: el 62% de la canasta que se gravaría son insumos. Si la devolución no funciona como se espera, sectores como alojamiento y comidas, ganadería y agricultura sufrirían pérdidas importantes.

Preocupa también el encarecimiento laboral por la menor deducción de parafiscales: un empleador con un trabajador de 3 o 4 salarios mínimos pagaría $315.000 o $950.000 pesos más. En plena ola de automatización, es una mala señal para el empleo. Y los fuertes aumentos a licores y cigarrillos podrían alimentar el contrabando en lugar de elevar el recaudo, erosionando la base del sector formal.

Las críticas, sin embargo, deben venir con alternativas. Quien pida aplazar o modificar un ingreso tiene la obligación, en especial en el Congreso, de proponer con qué reemplazarlo. Desde Anif sugerimos recortar al menos 10% de los cargos creados en los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los órganos de control; focalizar los subsidios en los hogares de menores ingresos; gravar las pensiones altas, y reducir las deducciones por pagos empresariales en efectivo. Proponemos además vender activos como ISA, que, sin reemplazar ingresos recurrentes, aliviaría el financiamiento y el servicio de la deuda, y desmontar gradualmente el subsidio al Acpm. También preferimos posponer la rebaja de la renta corporativa a cambio de no encarecer la nómina.

Nuestro llamado es constructivo: que Gobierno y Congreso alcancen pronto un consenso que encamine al país hacia un ajuste fiscal ordenado, que proteja el empleo y mejore el clima de inversión.