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Analistas 09/09/2021

La tributaria que fue

José Ignacio López
Director Ejecutivo Investigaciones Económicas en Corficolombiana

Esta semana el Congreso aprobó en plenarias conjuntas la reforma tributaria que cursó un trámite expedito en el legislativo bajo el nombre de Ley de Inversión Social. A dicho proyecto solo le resta el proceso de conciliación y la firma presidencial.

Desde el punto de vista fiscal, la reforma logra generar un mayor recaudo por aproximadamente $15 billones anuales, con base en un aumento de la tasa de renta corporativa a 35%, la extensión de la sobretasa al sistema financiero por tres puntos porcentuales hasta 2025, y la eliminación del descuento total del ICA en el pago de impuesto de renta, que se mantendría en el actual 50%.

De los 61 artículos planteados en la versión final del proyecto, el grueso del recaudo adicional se encuentra en el artículo 7, donde se modifica el Estatuto Tributario en lo relacionado con el impuesto de renta de personas jurídicas. El resto de la reforma contiene diferentes aspectos que van desde la normalización tributaria, la lucha contra la evasión, programas de austeridad en el gasto público, la extensión de los programas sociales, los días sin IVA y el cambio a la Regla Fiscal, entre muchos otros.

En el balance, la Ley de Inversión Social es más una ley de recuperación económica que una reforma tributaria, ya que adolece de una propuesta ambiciosa en lo fiscal, pero tiene elementos relevantes para impulsar la recuperación económica, en particular la normalización del mercado laboral, al reducir el costo de contratación de empleo formal con un subsidio de 25% del salario mínimo para las ofertas laborales a jóvenes entre 18 y 28 años, de 10% para trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos -con 5% adicional si se trata de mujeres mayores de 28 años- por un periodo máximo de 12 meses por empleador y hasta agosto de 2023.

A esto se le suma la extensión del programa de Ingreso Solidario hasta fines de 2022 y del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hasta diciembre de este año.

La presión de gasto y las necesidades fiscales del país hacen que sea muy probable que el próximo Gobierno busque tramitar otra reforma fiscal con una combinación de medidas más estructurales desde el punto de vista de gasto y del recaudo. Esta reforma, la que fue, será bien recibida por los mercados y las calificadoras, pero no bajo la perspectiva de que le permitirá recuperar al país el grado de inversión, sino que evitará por el momento un escenario de rebajas adicionales en dicha nota y por tanto una mayor prima de riesgo.

Desde el punto de vista de la arquitectura tributaria, la Ley de Solidaridad no solo no avanzó en el propósito de tener un sistema tributario más simple, sin trabajas y con un mejor balance entre el recaudo que se realiza a través de las empresas y el que recae directamente en las personas, sino que retrocede en dicho objetivo.

Resulta irónico que diferentes comentaristas y analistas, incluyendo académicos, frente a la nueva reforma añoran varias de las ambiciosas medidas de la propuesta tributaria anterior, cuando en su momento hicieron parte del fuego cruzado que la terminó hundiendo. Esperemos que en el futuro cercano el ambiente político sea favorable para discutir una reforma similar a la propuesta de abril, que no solo no fue bien explicada, sino que recibió críticas oportunistas y demagógicos de varios partidos políticos basados en estrictos cálculos electorales.