En defensa de la institucionalidad

La designación que ha tenido a bien otorgarme la bancada del Partido de la U, como vocero en el Congreso de la República, constituye para mí un honor de gran responsabilidad política, personal, familiar y social. Asumir en estos momentos de crisis sin precedentes en la historia política reciente del país, la vocería de mi partido es una tarea que exige sensatez y objetividad, pero ante todo, y por encima de cualquier interés partidista, la defensa de la institucionalidad.

En esta crítica coyuntura, resulta conveniente evocar la añeja y elocuente frase del General Benjamín Herrera, expresada en la ciudad de Ibagué el 29 de marzo del año 1922, que dice: “La Patria por encima de los partidos”. Acudiendo a esta consigna, he extendido una invitación especial a mis compañeros senadores, a que hagamos causa común, a que nos despojemos de intereses mezquinos y personales, para que la célula congresional trabaje como un sólido pilar de convivencia democrática, donde converjan las más variadas posiciones ideológicas, y que a través de un sano espíritu dialéctico aprobemos las Leyes de la República que sean benéficas al pueblo, contribuyendo así a la ampliación y profundización de las instituciones democráticas, garantizando el necesario equilibrio en el ejercicio del poder político.

En estos tiempos, donde la capacidad de diálogo se deteriora y tensiona por la polarización de las fuerzas extremas que pretenden desconocer la división de las ramas del Estado, que ordena que estas son independientes, pero que deben trabajar de manera armónica y coordinada, debemos unirnos para garantizar el buen funcionamiento del Estado y preservar el equilibrio de esas mismas fuerzas.

El llamado de la Bancada que hoy represento es que todos rodeemos de garantías a las instituciones del Estado, incluidas obviamente aquellas de contenido jurídico - penal, que asumen por estos aciagos días serios roles de control social sobre personas próximas al primer mandatario, por las que ruego se den todas las garantías del debido proceso justo y del derecho de defensa que ordena nuestra Carta Política.

Que dejemos al poder Judicial, a la Fiscalía y a la Comisión de acusaciones, si es del caso, actuar dentro de la esfera de sus competencias Constitucionales y legales, que sus fallos cualquiera que sean el sentido de estos, sean acogidos y respetados sin que exista interferencia ni presión alguna por las otras ramas del poder público, ni por los medios masivos de comunicación.

Para nuestra bancada es fundamental seguir actuando de manera coherente y responsable, para así poder responder positivamente a las necesidades más apremiantes del país. En ese sentido, aprobaremos los proyectos de ley que sean convenientes para los colombianos, de igual forma, seremos inflexibles con rechazar las propuestas que resulten desfavorables.

Seguiremos estudiando juiciosamente cada una de las iniciativas para que no se cometan errores, e impedir que se atente contra el interés público. Tenemos claro que Colombia demanda el desarrollo de un ejercicio democrático transparente, independiente, inclusivo y riguroso, con parlamentarios que interpreten correctamente el sentir del pueblo.