Una normativa Climática robusta

Apresurar el camino de Colombia hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática se convirtió durante muchos años en una asignatura pendiente. Para despegar en este propósito, actualmente en el Congreso de la República avanzamos en la discusión del proyecto de Ley de Acción Climática, que establece la ruta a seguir para enfrentar el cambio climático y ponerle un freno a sus devastadores efectos.

Este proyecto de Ley, aprobado hace unos días en su primer debate en las Comisiones Quintas de Senado y Cámara, se convierte en un importante paso que da el país en su propósito de disminuir la enorme huella de carbono que está dejándole a las futuras generaciones, y compensar por las emisiones de CO2. Junto a los demás coautores y ponentes del proyecto, nos encontramos trabajando en la preparación del informe de ponencia para su discusión en las plenarias, así como en la Audiencia Pública que se realizará la próxima semana para profundizar el debate y alimentarlo con los aportes de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

Aunque Colombia es uno de los países que menos dióxido de carbono emite a nivel mundial, por su localización geográfica y su megadiversidad, es uno de los más vulnerables a los cambios drásticos del clima como el aumento de las sequías o de las lluvias. De acuerdo con el índice de países de la Iniciativa de Adaptación Global (ND-Gain) de la Universidad de Notre Dame, el país ocupa el puesto número 84 entre los más vulnerables al cambio climático, posición que nos exige contar con una normativa alineada a la realidad climática.

Ante la urgente necesidad de poder contar con medidas eficaces de mitigación y adaptación, en el proyecto de Ley 336 de 2021 Cámara y 239 de 2021 Senado, que estamos acompañando, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible plantea 196 acciones, entre ellas, la reducción en un 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); alcanzar la carbono-neutralidad al 2050; establecer presupuestos de carbono para el periodo 2020-2030, a más tardar, en 2023; lograr que el 30% de los vehículos circulantes sean eléctricos 2030; y reducir la deforestación neta de bosque natural a 0 hectáreas/año a 2030. También, busca entre otras cosas, lograr que en 135 cuencas hidrográficas se incorpore el cambio climático como parte de su ordenamiento ambiental; implementar el 100% de los planes de ordenación de áreas costeras y de los planes integrales de cambio climático territoriales y reusar 10% de las aguas residuales domésticas.

Este marco normativo involucra a todas las entidades territoriales, los organismos y entes corporativos públicos del orden nacional para dar cumplimiento a la ejecución de las metas y medidas dentro de sus respectivas competencias constitucionales y legales. Entre los aportes que estamos realizando en el debate, se encuentra la proposición con la que solicitamos incluir un nuevo artículo para que los saldos recaudados pero no ejecutados durante las vigencias de 2017 a 2021, del impuesto al carbono, tengan la destinación dispuesta en el artículo 59 de la Ley 2155 de 2021 y, sean transferidos y administrados por el Fondo Nacional Ambiental.

Conocedores del impacto y la necesidad de esta Ley en el país, desde el Congreso de la República nos mantenemos fieles en nuestro compromiso de debatir esta propuesta.

con todo rigor y transparencia. No tenemos ningún propósito distinto al de entregarle a los colombianos un marco normativo sólido, que nos conduzca hacia una transformación con nuevos modelos de desarrollo bajos en carbono, que sustenten el uso eficiente de los recursos, garantizando la protección y conservación de nuestro medio ambiente, así como su aprovechamiento.