Ligereza tributaria

El desencanto es grande porque las expectativas creadas por el Gobierno fueron enormes. Se dijo que la reforma tributaria sería “estructural”, “integral” y “equitativa”. Los retazos aprobados por el Congreso no cumplen con ninguno de estos tres objetivos. Es una reforma ligera, que tiene como ejes el aumento del IVA de 16% a 19%, y la reducción de los impuestos a las empresas. Se trata, entonces, de una reformita, que es irreconciliable con las exigencias del proceso de paz. Hasta el último momento, el gobierno ha insistido en calificar la reforma de “estructural”, y en reiterar que es un instrumento adecuado para mejorar la distribución del ingreso.

La reforma no es estructural porque no hace ninguna consideración sistemática sobre el balance impuestos/subsidios. Este es un asunto central en la discusión fiscal de los países de la Ocde. El bienestar de las familias depende del balance neto que resulta de ponderar los impuestos y los subsidios. El tema fue considerado de manera explícita por la Comisión de Expertos, pero quedó por fuera de los debates de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda apenas menciona el tema de paso, cuando afirma que una parte del aumento del IVA financiaría programas sociales. Pero estos comentarios no hacen parte de un análisis completo que permita precisar el impacto neto sobre la capacidad de pago de los hogares. La discusión sobre la eficiencia del gasto se ha reducido a declaraciones de buena voluntad. Es la misma actitud pasiva que se ha tomado frente a la lucha contra la evasión y a la reducción de las exenciones. Una muestra de la poca eficiencia del gasto es el despilfarro de $10 billones de las regalías en más de 10.000 pequeño proyectos, aprobados sin ninguna perspectiva estratégica.

Tampoco es estructural porque parte de una simplificación inaceptable. Se dice que las empresas no son competitivas porque los impuestos son altos. Esta mirada es miope. La relación de causalidad es distinta: las empresas no son competitivas porque la tributación es baja y, entonces, los servicios públicos (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.) y la infraestructura (vías, aeropuertos, etc.) son deficientes.

La reforma no es integral porque desconoce la capacidad fiscal de los municipios, y no propone mecanismos para reducir la centralización de los ingresos públicos. Se olvida que las ciudades, sobre todo las grandes, tienen grandes potencialidades tributarias. El gobierno se niega a buscar ingresos por el lado de la propiedad del suelo y de los excedentes que genera la dinámica urbana.

Y la reforma no es equitativa porque: i) El aumento del IVA se reflejará en una mayor concentración del ingreso. ii) La tarifa del impuesto a los dividendos es muy baja, y apenas es ligeramente progresiva. iii) Se despreció el impuesto a la riqueza. iv) La tarifa del impuesto a la renta, además de ser baja, no crece en el margen, a medida que aumenta el ingreso.

A través del IVA, el mayor peso de la reforma será asumido por las familias de ingresos medios y bajos. Con toda razón, en la mesa de negociación del salario mínimo se ha puesto en primer plano la discusión sobre el impacto que tendrá el aumento del IVA en la capacidad de compra. Con claridad y contundencia los trabajadores, y algunos gremios como el de los comerciantes, piden que el aumento del salario mínimo permita contrarrestar el impacto negativo que tendrá el mayor IVA en la demanda agregada y en la capacidad de compra de los hogares.