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El orden institucional y legislativo de Colombia no favorece la planeación. Con el paso del tiempo se han ido creado condiciones de imposibilidad. Existen cinco obstáculos que impiden que en el país haya planeación.
El primero tiene su origen en la desconfianza, en el ámbito internacional, con la planeación. Desde finales de los años setenta comenzó a ganar espacio la visión de Friedman en contra de la Keynes. El debate entre reglas y discreción se agudizó. Mientras que los friedmanianos consideraban apropiadas las reglas, los keynesianos ponían en primer lugar la discreción.
Para evitar los excesos de los gobiernos, sobre todo en el campo de la política monetaria, Friedman pensaba que instancias como los bancos centrales tenían que ser independientes de los gobiernos, para evitar aumentos excesivo del gasto público.
Para guardar la estabilidad de precios, concluye Friedman, la cantidad de dinero debe moverse en consonancia con las variaciones del producto real. A esta regla se le fueron agregando otras, como los límites a la financiación, de acuerdo con normas de sostenibilidad y solvencia.
En la lógica keynesiana, un gobierno responsable sabe que en determinadas circunstancias no debe aumentar el gasto público más allá de determinado punto. Y este tipo de decisión no requiere que haya reglas fijas.
El segundo obstáculo, y referido al caso colombiano, son los porcentajes fijos amarrados a normas constitucionales. Esta práctica ha sido un error, y ha limitado la discrecionalidad de la planeación. El ejemplo más notorio son los porcentajes de distribución de las regalías. No existe ningún criterio claro para afirmar, por ejemplo, que 10% de las regalías debe ser para ciencia y tecnología, o 7% para la paz. Estos porcentajes son completamente arbitrarios.
La tercera limitación es la programación sectorial. La Comisión de Gasto propuso, con toda razón, el presupuesto por programa, que permite la articulación del gasto de diversos sectores alrededor de proyectos estratégicos. Los pasos que se han dado en esta dirección son muy débiles, y en las decisiones de inversión sigue primando el enfoque sectorial.
En el plan de desarrollo del actual gobierno se ha hecho un esfuerzo enorme por articular la inversión alrededor de proyectos estratégicos, pero todo el manejo administrativo del presupuesto se sigue realizando de manera sectorial.
El cuarto es la distribución territorial del presupuesto. Las discusiones del Congreso siguen estando muy marcadas por las necesidades de cada departamento. Para el congresista, sobre todo en la Cámara, el asunto determinante es el aumento de los recursos de su departamento, sin importar que estas inversiones estén desarticuladas entre sí. Hay poco interés en que estos dineros hagan parte de un ambicioso proyecto de corte regional, que comprometa a varios departamentos.
El quinto obstáculo es la desconfianza en las categorías universales. La abundancia de “poblaciones”, y su exigencia de proyectos específicos, es una expresión de la pérdida de legitimidad de nociones más universales. No es suficiente con afirmar que un programa (vía terciarias por ejemplo), mejorará el nivel de vida de las personas. Se exige que se explique cómo incide en cada tipo de población (afro, campesino, indígena, Lgbtiq+, jóvenes, víctimas, mujeres….). Esta dispersión de propósitos limita la mirada de largo plazo.
