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El harakiri empresarial

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Los empresarios, como lo ha manifestado la Andi, no están de acuerdo con el impuesto al patrimonio porque, en su opinión, tiene impactos negativos en la inversión y el empleo. Dicen, además, que perjudica la productividad y la competitividad. Esta posición en contra de la reforma es un auténtico harakiri. En contra de la opinión de la Andi, el aumento del impuesto al patrimonio favorece a los empresarios y a los asalariados. En lugar de rechazar el impuesto o reducirlo, se debería aumentar. Y en este proceso los empresarios salen ganando, así que no se entiende la posición michicata de la Andi. Esta visión tan corta termina perjudicando a los propios empresarios.

Los empresarios colombianos parece que nunca hubieran leído a Keynes. Y, además, olvidan las enseñanzas de Ford. Keynes admiró a los empresarios porque siempre están arriesgando su capital en el mundo de los negocios, que es absolutamente incierto. Pero, al mismo tiempo, Keynes reconocía que la intervención del Estado podría contribuir al éxito de la actividad empresarial. Los impuestos son absolutamente necesarios para que el Estado pueda actuar. Y Ford mostró que la mayor capacidad de compra de los asalariados los favorece a ellos pero, sobre todo, contribuye a incrementar la ganancia. En 1914, Ford pagaba salarios de US$5 diarios mientras los otros empresarios pagaban US$2 y US$3.

La intervención del Estado es conveniente desde tres puntos de vista. Primero, contribuye a mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población. La oferta de servicios públicos, y la construcción de infraestructura favorece al conjunto de la sociedad. Segundo, a través de la cualificación de la educación y de la salud, el Estado incrementa la productividad y la competitividad. Tercero, las políticas sociales aumentan la capacidad de pago de los trabajadores y, por esta vía, crece la demanda y el empleo.

El  impuesto al patrimonio tiene, por lo menos, dos justificaciones. Primero, puede ser equitativo. El impuesto, tal y como ha sido presentado al Congreso, no es equitativo por dos razones. Primero, la tarifa es baja. Y segundo, no es progresiva, ya que la tarifa marginal se mantiene constante en 1,5%, y no sube con el valor del patrimonio.

Segundo, el impuesto al patrimonio es compatible con una mayor inversión y empleo. En su visión de corto plazo, el empresario colombiano no tiene paciencia para esperar el impacto positivo de los impuestos. No es cierto que la tributación al patrimonio tenga una incidencia negativa en la inversión y el empleo. La evidencia internacional va en sentido contrario. Las altas tributaciones que tuvieron los Estados Unidos y Europa en los años setenta (impuestos marginales a la renta del 70%-90%) fueron compatibles con elevadas rentabilidades de las empresas. Los índices de productividad y de competitividad aumentan si la ciencia y la tecnología avanza, si las universidades públicas son de calidad, si el transporte masivo es eficiente, si los ríos están limpios, si se protegen las cuencas, si la violencia disminuye, si la infraestructura mejora. Y para lograr estos propósitos se requiere aumentar la tributación. El plan de desarrollo de Santos II, Todos por un Nuevo País…, es una invitación para que todos contribuyamos. En materia tributaria, la clase media ya ha hecho un esfuerzo relevante. El turno es para los más ricos, y confiemos en que no capturen, una vez más, al gobierno.

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