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Por razones políticas, económicas y ambientales, el ordenamiento del territorio es una prioridad. Y este postulado es más evidente después de la firma de los acuerdos de La Habana. El Conpes 3870 de 2016, sobre los llamados POT Modernos, pone en evidencia la urgencia de avanzar en el ordenamiento territorial. Esta intencionalidad se encuentra con múltiples dificultades, comenzando por las de naturaleza institucional. Abundan las entidades y las modalidades de asociación, sin que existan mecanismos claros de articulación. En medio de esta maraña no es posible precisar las jerarquías. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot), o ley 1454 de 2011, no ha permitido la articulación. Vale la pena hacer un recuento de instituciones y modos de ordenamiento del territorio que se han venido implementando en el país.
El art. 38 (transitorio) de la Constitución ordena la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT). En condiciones ideales, la COT debería actuar en consonancia con las disposiciones definidas en el plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural (Opspr). Pero sus funciones pueden reñir con el Ordenamiento Territorial Agropecuario (OTA). También son instancias de coordinación el Consejo Superior de la Administración del Ordenamiento del Suelo Rural (Csaosr) y el Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras (Csart).
Dependiendo del tamaño del municipio, existen el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot) (municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes), y el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT). Se han hecho diversos intentos por articular estas formas de ordenamiento. Una de ellas son las Unidades de Planificación Rural (UPR).
Recientemente se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que incluyen 170 municipios afectados por el conflicto armado. No hay ninguna claridad sobre la forma como se podrían resolver los conflictos que se presenten entre los Pdet y los ordenamientos territoriales previamente definidos por los municipios. Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca) también pueden entrar en conflicto con otros ordenamientos.
Ya existe la Región Administrativa y de Planeación Especial (Rape), y la Región Administrativa y de Planeación (RAP) del Pacífico y, próximamente, la del Caribe. En las áreas metropolitanas opera el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento del Territorio (Pemot). Por otro lado, se destacan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
Para complicar el panorama, varias entidades tienen que ver directamente con el ordenamiento del territorio: el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria (Upra), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las áreas metropolitanas (AM), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), las Corporaciones Autónomas (CAR), el Ministerio de Agricultura (MA) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
Mientras la burocracia trata de armar un rompecabezas imposible, la minería ilegal avanza, los humedales se secan, la deforestación se extiende, los baldíos siguen en manos de particulares, la ganadería extensiva continúa...
