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Economía y paz

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Los acuerdos de paz avanzan por buen camino. Esta semana se dieron pasos significativos que hacen renacer el optimismo. Los logros que se han alcanzado en el tema de la justicia transicional son importantes. Pero parece que en materia económica poco cambiará. Las Farc no han insistido en la discusión sobre la forma como se concretarían los puntos del acuerdo al que inicialmente se llegó sobre el tema agrario. Esta actitud pasiva frente a las condiciones del desarrollo agropecuario facilita la firma del acuerdo, pero no sienta las bases de una dinámica económica incluyente.

En La Habana se ha dicho que la participación ciudadana se debe expresar, sobre todo, en la reforma rural integral (RRI). En el Congreso de la República no hay ningún ánimo para discutir el significado que podría tener la RRI ni, mucho menos, las transformaciones que ello implicaría en la estructura de producción y de propiedad del agro colombiano. En el acuerdo sobre narcotráfico y drogas ilícitas, el acuerdo de La Habana dice que es necesario “revitalizar la economía campesina”. Y, entonces, sería indispensable aceptar una de las principales conclusiones de la Misión Rural: la pequeña propiedad únicamente es viable si tiene el acompañamiento del Estado, y ello implica pasar de la repartición de subsidios directos a la oferta de bienes públicos. El Estado debe proporcionar los elementos contextuales que contribuyan a mejorar la productividad de las pequeñas fincas. Estos bienes públicos son: infraestructura (vías terciarias, sistemas de riego, etc.), crédito subsidiado y asistencia técnica. La inversión pública en el campo tiene que aumentar.

El Plan de Desarrollo ha reconocido la necesidad de modificar de manera sustantiva la institucionalidad del sector agropecuario. Si Santos le da cumplimiento a los acuerdos firmados en La Habana, tiene que darle espacio a la economía campesina, que ha estado rezagada. Pero esta alternativa pone en tela de juicio la apertura hacia adentro, así que las nuevas políticas tienen que aprovechar las ventajas de la devaluación del peso y reducir la importación de alimentos básicos.

El gobierno tiene que inscribir la modernización del agro y el estímulo a la economía campesina, en un contexto de desarrollo regional. En La Habana se ha mostrado la necesidad de crear un fondo de tierras que facilite una mejor distribución de la propiedad. Las tierras del fondo se distribuirían de manera gratuita. En estos procesos, la información es la primera condición para que haya transparencia e igualdad. Y si se toma en serio la geografía, las transformaciones del agro deben reconocer la territorialidad campesina, afro e indígena.

Los movimientos sociales han puesto en evidencia la relevancia del territorio. Este tema también hace parte de los acuerdos de La Habana. El tema de las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC) ha sido objeto de mucha discusión. Aunque las ZRC fueron creadas por la ley 160 de 1994 se ha tratado de minimizar su importancia, y se han obstaculizado los procesos que puedan llevar a una mejor distribución de la propiedad. El mercado de la tierra debe favorecer la equidad, y para ello es necesario que el Estado ejerza el liderazgo. Mientras que el Informe de la Misión Rural y los acuerdos de La Habana tratan de fortalecer el espíritu de la ley 160, el Congreso con el visto bueno del Ministro Iragorri, pretende todo lo contrario: eliminar cualquier vestigio de la ley 160.
 

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