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Reforma de las TICs

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Jorge Humberto Botero

Quedan, de la actual legislatura, unas cuantas semanas útiles para aprobar proyectos de alta conveniencia para el país. La reforma de las TICs que propone el Gobierno satisface ese criterio y, además, no tiene por qué ser factor de nuevas pugnas ideológicas.

Sabido es que padecemos un severo estancamiento de la productividad de la economía; gastamos mucho más capital y trabajo que otros países para producir las mismas cantidades de bienes y servicios. Las tasas de crecimiento que hemos registrado durante años fueron posibles por la relativa abundancia de aquellos recursos, especialmente de mano de obra. La acelerada caída en las tasas de natalidad -que, en parte, la migración venezolana puede mitigar- se traduce en una dinámica menor que la de años anteriores en la población económicamente activa. Así las cosas, se torna imperativo acrecentar el rendimiento del trabajo nacional. La experiencia internacional demuestra, como lo destaca el proyecto gubernamental, que un acceso generalizado a las herramientas de la economía digital impacta positivamente la productividad y, por ende, el nivel general de salarios.

Con acierto anota el Gobierno que, a pesar de algunos avances marginales, la concentración del ingreso sigue siendo elevada. Para reducirla se precisan múltiples acciones, entre ellas mejoras en el sistema fiscal, tanto en sus dimensiones de impuestos como de gasto. Pero también avanzar con mayor celeridad en el acceso a las TICs de todos los sectores de la población. Para que ello suceda hay que contrarrestar la preocupante declinación en la inversión, tanto pública como privada, que viene presentándose. Mientras en 2013 ella representaba el 1,20% del PIB, en el 2016 había caído a 0,8%. Esta circunstancia explica, por ejemplo, que la cobertura en banda ancha móvil sea en Colombia casi la mitad de la que se registra en Brasil y Argentina.

Restablecer los flujos de inversión y acrecentarlos es uno de los cometidos esenciales que la propuesta persigue. Para lograrlo pretende modificar el marco institucional a fin de que los proveedores de los distintas servicios y tecnologías estén sometidos a unas mismas autoridades. Así debe ser. A la luz de las circunstancias de hoy no tiene sentido regular los servicios de radio y televisión convencionales por autoridades diferentes a las regulan el internet.

Como regla general, a los empresarios corresponde generar la riqueza y al Estado proveer las reglas para que puedan cumplir bien esa tarea esencial. Por eso no tiene sentido que el gobierno participe, como antaño lo hizo, en la distribución de alimentos o en la industria automotriz; tampoco, en mi opinión, en los sectores de hidrocarburos o servicios financieros. En el sector de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, otra es la situación. En la provisión de la infraestructura se requiere una combinación eficiente de aportes estatales y privados que puede ir cambiando al ritmo del cambio tecnológico. Y en todo caso, preservar la presencia del Gobierno como proveedor de contenidos de interés público. La difusión de la cultura, la geografía y la historia de Colombia no se puede confiar enteramente al mercado.

Para financiar el componente gubernamental de los nuevos desarrollos, incluidos los subsidios para cubrir las necesidades de sectores pobres, se propone la creación del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así debe ser.

Los debates ideológicos demuestran la vitalidad de las democracias; la imposibilidad de lograr consensos, así sean parciales y temporales, es su ruina. Ojalá logre el Congreso converger en torno a esta interesante propuesta.

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