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El Gobierno explicó ayer que obtuvo información confiable de que algunos miembros del Clan del Golfo habían comprado viviendas y apartamentos cercanos al sitio de reclusión del recién extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Es evidente, al igual que en el caso de Jesús Santrich, que alias “Otoniel” y su banda estaban planeando una inminente fuga. En ese sentido es mejor extraditar a peligrosos personajes que intentar mantener una custodia que eventualmente se tuerce fácilmente. Lo mismo que sucedió en México con el “Chapo” Guzmán, estos capos tienen tanto poder económico, que la cárcel en Estados Unidos es la única salida.
Tras completarse la extradición de “Otoniel” hacia Estados Unidos el miércoles de esta semana, se desataron una seria de amenazas en algunos departamentos del país lideradas principalmente por integrantes del Clan del Golfo. La retaliación no se hizo esperar y en pocas horas se hicieron sentir en su zona de influencia. Desde ayer, algunos comerciantes, transportadores, estudiantes y profesores de estas zonas han denunciado que hay un temible anuncio de Paro Armado por parte de este grupo que ha sido confirmado en las últimas horas por fuentes de inteligencia policiales.
En el Bajo Cauca antioqueño, distintos ciudadanos han publicado en redes sociales alarmantes evidencias de que el Paro Armado ya comenzó. Les han informado que se podrían convertir en “objetivos” con consecuencias lamentables quienes no cumplan la orden de paro. Las prohibiciones incluyen abrir negocios y el desplazamientos en algunas de las vías.
Habitantes de Cereté en Córdoba, por ejemplo, certificaron que desde ayer todo el municipio está paralizado por las amenazas. El Ejército informó que en las últimas horas fueron quemados varios vehículos cerca a Puerto Valdivia en Antioquia. La carretera entre este municipio y Caucasia estuvo afectada por un bloqueo ocasionado por una tractomula atravesada durante la mañana de ayer. El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, ha convocado a un Consejo de Seguridad Extraordinario con altos mandos de todas las fuerzas del Estado y alcaldes de los municipios afectados. Otros grupos ilegales que operan en nuestro territorio como la Oficina de Envigado, Rastrojos, ELN, disidencias de las Farc y los diferentes narcotraficantes probablemente se sumarían al Paro Armado.
El momento en el que se desarrolla esta difícil situación de orden público es el más inconveniente de todos. Estamos apenas a tres semanas de la primera vuelta para la elección presidencial. Los ciudadanos de esas zonas probablemente no podrán votar libremente, si es que logran votar, pues podría suceder que algunos municipios del país no puedan desarrollar las elecciones de manera normal. En todo caso, si es posible llevar a cabo la votación, quedará el manto de duda de si los votos van para algún candidato que pudiera ser el preferido por los narcos. Como empresarios ilegales que son, a ellos también les debe interesar cierto tipo de discurso. En la situación actual buscarán apoyar a un candidato que tenga una propuesta política que no los vaya a perseguir tanto en los próximos cuatro años. Buscarán seguir creciendo su negocio a toda costa, ese es su principal objetivo.
