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No más falsos positivos judiciales

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Nos encontramos a pocos días de un cambio importante en la Fiscalía General de la Nación, cuando la Corte Suprema tome la decisión de elegir al mejor candidato de la terna que ha presentado el presidente Juan Manuel Santos. Se ha pedido desde la Casa de Nariño a los diferentes funcionarios que no participen o “interfieran” en el proceso. Esto quiere decir que el gobierno indirectamente acepta que en otros nombramientos sí ha existido la participación en política de miembros del servicio público. 

Uno de los problemas de nuestro sistema judicial es que se volvió normal que algunos procesos se conviertan en falsos positivos judiciales. Los mecanismos para que un proceso avance o se frene en un juzgado, tribunal, corte y la misma Fiscalía son aterradores. Los abogados penalistas cuentan detalles de los casos que adelantan que uno pensaría solo suceden en el País de las Maravillas de Alicia. Recientemente conocí de duplicidad de citaciones a un procesado desde diferentes oficinas, tutelas que mágicamente se desaparecen en el espacio-tiempo, expedientes que cambian de oficina sin razón alguna, traslado de procesos con criterios que nadie entiende, magistrados que nunca cumplen los términos límite de los tiempos estipulados en la ley, patinadores que cobran por acelerar procesos, “despatinadores” o “enfriadores” que cobran por desacelerar procesos y temibles secretarias que se prestan para filtrar copias de documentos a las partes involucradas.

Por citar solo dos ejemplos, el año pasado los capturados en Bogotá por los petardos contra las sedes de Porvenir fueron luego liberados al descubrir que inclusive algunos no se encontraban en la ciudad el día de los hechos. En el proceso contra el exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia, la Fiscal delegada llegó sin las pruebas a la audiencia más reciente y buscó cuatro jueces para que se librara la orden de captura, de los cuales tres se abstuvieron de hacerlo hasta que consiguió uno que dio el sí, según indicó su defensor Gustavo Moreno en una dura declaración que ofreció a medios esta semana. Mucho afán por mostrar resultados, pero a veces del afán no queda sino el cansancio.

La Fiscalía y Policía, seguramente con el ánimo de modernizar han implementado el mecanismo de informar sus noticias desde sus cuentas oficiales en las redes sociales, especialmente Twitter y Youtube. Expertos en temas de debido proceso han informado en reiteradas oportunidades que publicar citaciones o comentarios sobre un procesado o sindicado no necesariamente ayudan al proceso, pues eventualmente un buen abogado puede tumbar una captura o todo un proceso si la entidad hace mal uso de los trinos o videos que publican en internet. Esta práctica debe reglamentarse y estudiar la mejor solución para respetar derechos combinado con el uso de nuevas tecnologías.

Ojalá en la votación de la Corte Suprema, los magistrados dejen a un lado sus intereses políticos, económicos y personales. La terna abiertamente tiene sembrado un candidato mercantilista y comercial, que en el pasado ha utilizado otros cargos para hacer negocios y no necesariamente prestar un servicio público. Estamos hablando de una entidad que viene altamente cuestionada. Eduardo Montealegre, desde el primer día con la nariz de Sigifredo López, hasta el final, dejó centenares de dudas y le hizo perder la credibilidad al despacho frente a la opinión pública. En este mismo espacio denuncié los falsos testigos, las falsas víctimas, los falsos reclamantes de tierras, de la salud, así como una serie de irregularidades y conflictos de intereses como los casos de Saludcoop y otros bien conocidos. Para recuperar la Fiscalía y fortalecer de nuevo la institución se deben nombrar un Fiscal General y un Vicefiscal de cierto perfil que debe estar alejado de cuestionamientos, conflictos de interés y especialmente de amistades y negocios extraños con animales políticos. Esperamos que los magistrados no se vayan a equivocar.
 

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