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Manzanas podridas en la justicia II

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Jorge Hernán Peláez

Andrea del Pilar Malagón, joven abogada del Externado, fue directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía entre 2013 y 2018, una de las funcionarias más poderosas dentro de la entidad. Renunció al cargo para acompañar a su esposo, el militar Édilson González, en su traslado a Estados Unidos. Malagón impulsó en la Unidad casos de alto nivel con impacto mediático y, a pesar de venir de la administración de Eduardo Montealegre, fue la funcionaria estrella del Fiscal Martínez.

Sin embargo, fuentes confirmaron que su salida se dio por presuntos abusos de poder y conflictos de interés que generaron diferencias con otros fiscales. Una vez llegó a la Dirección de la Unidad Ana Catalina Noguera, encontró y destapó irregularidades de debido proceso, casos de manipulación de testigos y sobornos.

Por ejemplo, el caso Supercundi, cuyos dueños fueron acusados de lavar dinero para las Farc, muestra que personas en la Fiscalía buscaban beneficiarse por medio de tráfico de influencias y manipulación de testigos. La Fiscalía usó el testimonio de tres exguerrilleros, desmovilizados ante Édilson González, miembro de la Unidad de Inteligencia Militar. González habría brindado los nombres a Malagón, quien los habría convencido de denunciar a los hermanos Mora bajo la amenaza de enfrentarse a la justicia ordinaria. Uno de los Mora declaró que Julián Quintana, entonces director del CTI, le pidió un soborno para evitar la investigación.

Otro caso es el del exsenador condenando por sobornos de Odebrecht, Otto Bula, que también evidencia la corrupción dentro de Unidad de Malagón. En mayo de 2018, Bula declaró que el exvicefiscal Jorge Perdomo envió a Alfredo Mendoza para pedirle $6.000 millones a cambio de usar su influencia con Malagón y acabar la investigación; ambos acordaron un pago de $4.000 millones y la promesa de una reunión con Malagón. Bula grabó la reunión, en donde se acordaba la logística de la entrega del dinero y Mendoza afirmaba que era el quinto caso que negociaba para Perdomo. Aunque Bula nunca pagó, reveló que fue la segunda vez que un funcionario de la Fiscalía se le acercaba; en otra oportunidad el director del CTI, Quintana, le pidió $2.500 millones para “arreglar” el caso.

Finalmente, tres casos de los empresarios Aroch Mugrabi, Reiner Gaitán y el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz muestran irregularidades en el trabajo de la amiga y subalterna de Malagón, la fiscal Alejandra Ardila. Mugrabi, empresario textil y de finca raíz, fue detenido por lavado de activos. Según fuentes, Ardila dijo a los abogados defensores que el caso era político y podía ser “influenciado”. Ella recomendó contactar al abogado Nelson Espinosa, con quien tiene una relación, para “agilizar” el proceso.

Los casos del exgobernador Cruz y el ganadero Gaitán también tienen a Ardila como común denominador. Cruz, relacionado con un contrato entre la Alcaldía de Bogotá y la empresa de la que era accionista, ICM, cuyos ingresos fueron usados para adquirir propiedades, recibieron apoyo de Espinosa, quien, con las ganancias, presuntamente compró una camioneta Koleos regalo para Ardila. En el caso de Gaitán, acusado de ser presunto testaferro de los narcotraficantes Álvarez Meyendorff, Ardila habría ordenado seguimientos en su contra cuando se rehusó a pagarle para arreglar el caso.

El caso del proyecto Meritage pone en tela de juicio los intereses que sesgaban la labor de la Unidad de Malagón.

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