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Maduro: la estrategia del avestruz

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Entre la medianoche del miércoles y la madrugada de ayer, los colombianos recibimos una nueva sorpresa del circense presidente de nuestro golpeado vecino país. Nicolás Maduro había ordenado cerrar las fronteras con Colombia por 72 horas, aduciendo un ataque de un grupo paramilitar a un grupo de militares de la fuerza pública venezolana. El problema fronterizo lleva años y va mucho más allá de la sola presencia de grupos ilegales. 

Venezuela y Colombia comparten una frontera total de 2.219 kilómetros. El Departamentos de La Guajira tal vez es el mejor ejemplo del caos y la barbarie que se viven a diario con el ingreso de decenas de litros de gasolina de contrabando, que luego se dispersan por todo el territorio nacional aprovechando el diferencial de precios entre ambas naciones a sólo unos kilómetros de distancia. Bandas criminales, de narcotráfico, de microtráfico, guerrilleros y paramilitares, patrullan diferentes zonas de ese y otros departamentos, controlando varios negocios ilegales. Santander, Norte de Santander y los llanos también tienen sus historias de convivencia con estas peligrosas mafias.

El crimen organizado colombo-venezolano (es bilateral pues a ambos lados de la frontera hay socios) ha evolucionado. Al mejor estilo de las sofisticadas teorías financieras de los grandes inversionistas de capital, aprendieron a diversificar los riesgos, apostándole a varias líneas de producción y teniendo estrategias de arbitraje y apalancamiento. Ahora llevan mercados de huevos, leche, papel higiénico, agua embotellada y otros productos básicos desde Colombia hasta Venezuela con precios que generan rentabilidades superiores a 200%. El riesgo es mínimo y el transporte es nocturno. Hay otros que traen prostitutas, desde Venezuela hasta ciudades como Cúcuta, y cobran tarifas por hora muy bajas de hasta $20.000. Luego con cierto manejo sofisticado de la tasa de cambio en el mercado negro se multiplican varias veces en los bolívares de allá.

Según cifras del Gobierno Nacional, el contrabando, sin tener en cuenta todos los otros fenómenos irregulares, estaría afectando aproximadamente 350.000 empleos nacionales. El impacto económico es significativo, pues un cálculo, sin tener en cuenta efectos colaterales, asciende a pérdidas de US$6.000 millones anuales, lo que corresponde a dos puntos de nuestro PIB. Este año el gobierno presentó al congreso la Ley Anticontrabando que fortalece penas y busca optimizar los procesos y convenios interadministrativos entre el estado para combatir esta problemática. El conjunto de normas permiten a la Dian, la Polfa, el Invima, la Uiaf y el ICA tener un mayor número de herramientas para actuar. Sin embargo nunca es suficiente el esfuerzo. Las mafias evolucionan y se adaptan.

Desde el gobierno anterior se viene denunciando la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela. También hay paramilitares, bandas criminales y de narcotráfico. En algunos negocios actúan como socios o proveedores unos de otros. El difunto presidente Chávez y el actual mandatario jamás prendieron las alarmas con las recurrentes incursiones de las guerrillas cometiendo sus actos terroristas de ambos lados de la frontera contra población colombiana y venezolana. Nunca un pronunciamiento con respecto al contrabando de gasolina que ha dejado varios muertos y no sólo en accidentes con los vehículos. Jamás una palabra cuando empresarios venezolanos estaban siendo extorsionados con las perversas vacunas, boleteos y secuestros de los guerrilleros colombianos que parecía tenían carta blanca para operar en el vecino país. 

Cerrar la frontera a estas alturas, cuando la situación se desbordó hace años, suena a darle una aspirina a un enfermo de cáncer. Otra payasada del payaso del vecindario. Mientras tanto siguen migrando miles de venezolanos a nuestro país. El problema es que cada vez llegan más y no necesariamente todos vienen a establecerse con actividades legales.
 

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