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La revolución industrial fue calificada por analistas como el movimiento económico más profundo desde el periodo neolítico. Llevó la economía agrícola y comercial del campo y las relaciones personales a las ciudades y a una organización de la producción mecanizada sin precedente. Con ella llegó un nuevo orden económico y jurídico global, de bienestar social y laboral.
¿Qué pasa hoy? 1G, 2G, 3G, 4G, ahora 5G, pero también la Revolución 4.0 o el internet 2.0 son eufemismos y detalles evolutivos de la tecnología tienen una nomenclatura mayor. Estamos frente a la primera revolución digital de nuestra historia. Punto.
Pero la evolución de una sociedad industrial a una digital tiene sus consecuencias. Estamos regulando la sociedad digital actual desde los marcos jurídicos e institucionales de una sociedad industrial.
El centro de trabajo, el empleador, la jornada laboral, uniformes, bonos de productividad y estado de bienestar industrial han sido un éxito de la civilización industrial que privilegió la evolución de la economía a partir de la mecánica, el humo, el carbón y el petróleo. La Revolución Industrial es madre del derecho social y laboral de hoy.
Todo ha cambiado. Las poderosas redes de telecomunicaciones han sido transformadas en mercados, estos se globalizaron y acercaron productos a los consumidores sin intermediarios. El ancho de banda que nos obsequió liberó una economía de datos en beneficio de todos. Por otra parte, las Tecnologías de la Información en forma de cómputo y software denuncian las ineficiencias en las cadenas de valor. Lo que no sirve, se va.
La música no se compra en cajas, se consume en Spotify, Tidal, Claro Música o Amazon Music. Los videos no se rentan en cajas en la tienda de la esquina, se reciben en streaming. Los libros se compran en librerías, pero también se adquieren en Kindle.
La carga financiera por almacenar, transportar y promover en puntos de venta discos, libros y videos, es un costo marginal en una sociedad digital. Esta divisa se repite en cada cadena de valor de negocios y se pone en tensión con viejas estructuras jurídicas. Plomeros y albañiles esperaban horas y días con su equipo a que los contrataran. Hoy, tienen WhatsApp y se promocionan en Facebook. Ésta tiene miles de páginas de mujeres empresarias que comunican productos y servicios.
El derecho de acceso a Internet y servicios de telecomunicaciones son un derecho humano nuevo que exige política pública y regulación que no existía. El razonamiento constitucional de este concepto, garantiza ciudadanos siempre conectados en todas partes.
La Revolución Digital necesita política pública, regulación y nuevos marcos legales que protejan estos derechos en un contexto de innovación, desarrollo, competitividad y que comprenda los nuevos modelos de negocio que nacen.
La economía colaborativa comienza con la intermediación entre oferta y demanda por una plataforma tecnológica que permite acercar el mercado y sus insumos al consumidor. Acerca al pequeño empresario, tecnología que facilita su trabajo, ingresos, le da conocimiento sobre los indicadores de su actividad, accede a fuentes de financiamiento, pero además eficienta infraestructura ociosa como autos, motos, bicicletas, casas, cuartos, talleres, habilidades técnicas o espacios públicos. Nacen Uber, Rappi y DiDi.
¿Son empleados de una plataforma? No. Son las primeras pymes de una sociedad digital.
Estamos en la frontera de una sociedad industrial y el nacimiento de una sociedad digital, de viejos modelos de negocio y nuevas cadenas de valor. De la tensión entre una sociedad que evoluciona y de marcos legales caducos. Estamos frente al nacimiento de la primera revolución digital de nuestra historia.
