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La infraestructura ha sido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país, no solo por su impacto en la competitividad y la integración territorial, sino también por su capacidad para dinamizar la economía, generar empleo e impulsar encadenamientos productivos. En la inversión pública, las vigencias futuras se han consolidado como un instrumento que ha permitido garantizar y viabilizar los recursos destinados a proyectos plurianuales y estratégicos para el desarrollo del país, garantizando su correcta financiación y desarrollo, y blindándolo frente a restricciones que puedan imponer los ciclos económicos y políticos.
En el Presupuesto General de la Nación, PGN, las vigencias futuras han adquirido un papel protagónico: en la última década han representado, en promedio, cerca de 11% del presupuesto aprobado anualmente. Su uso se concentra principalmente en el sector transporte, que agrupa alrededor de 84,5% de estos compromisos para el periodo 2025-2053, seguido por defensa (4,8%) y vivienda (3,9%).
Dentro del esquema de las vigencias futuras, la participación del sector privado ha sido clave para materializar proyectos de alto impacto, especialmente a través de las Asociaciones Público-Privadas, APP, figura que ha permitido complementar los esfuerzos del Estado con capacidades técnicas y financieras de los privados. Un ejemplo de este trabajo mancomunado entre los sectores público y privado son los proyectos conocidos como programas de infraestructura vial de Cuarta y Quinta Generación (4G y 5G), que han sido viabilizados gracias a este mecanismo, consolidando un modelo que combina planeación, ejecución y sostenibilidad.
La participación del sector privado, y especialmente el financiero, ha sido clave en este proceso de vigencias futuras mediante APP. Gracias al respaldo de las vigencias futuras, los inversionistas han contado con señales claras de compromiso fiscal y continuidad institucional, lo que ha permitido movilizar importantes flujos de capital privado hacia los proyectos de infraestructura. Las APP han facilitado esquemas contractuales que reparten riesgos, mejoran la eficiencia en la ejecución y garantizan estándares técnicos elevados. De hecho, desde 2016, la cartera destinada a la financiación de proyectos 4G y 5G ha crecido y ganado participación dentro de la cartera comercial. Además, en los últimos ocho años, la submodalidad de cartera de 4G y 5G es la que más ha contribuido en promedio al crecimiento de la cartera comercial.
Gracias a las VF-APP, el país se ha permitido ampliar su red vial concesionada, fortalecer su conectividad y mejorar la calidad de la infraestructura en diversos territorios. Además, ha demostrado que la colaboración entre los sectores público y privado no solo es viable, sino también deseable cuando se trata de ejecutar proyectos estratégicos que transforman el territorio y mejoran la vida de los ciudadanos.
Por eso, es fundamental resaltar la importancia de las vigencias futuras como herramienta de política pública y asegurar su continuidad, robusteciendo los marcos normativos y técnicos que garantizan su buen uso.
En un entorno fiscal retador, donde se requiere cada vez mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, este instrumento ha probado ser una vía efectiva para construir país. Por lo tanto, es imperativo seguir trabajando por mantener y fortalecer la confianza y articulación entre los sectores público y privado. Solo así será posible seguir avanzando hacia una infraestructura estratégica, moderna y sostenible, que contribuya a la competitividad y al crecimiento económico.