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La Ley de Rescate Económico, o “Ley de ajuste fiscal”, como se le ha llamado en redes sociales, tiene poco o nada de ajuste fiscal. Recorta poco más de $13 billones que, frente al Presupuesto aprobado para 2027 -$634,9 billones-, representan una porción ínfima.
Pero antes de criticar al Gobierno De la Espriella, hay que ser claros: el Gobierno Petro dejó las finanzas públicas en cuidados intensivos. En agosto de 2022, cuando Petro llegó a la Presidencia, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central era de $805 billones. En marzo de 2026, según MinHacienda, ya iba en $1.215 billones.
¡Petro nos endeudó a razón de $313.000 millones diarios, para un total de $410 billones en menos de cuatro años! Para ponerlo en contexto: entre 2002 y 2018, Uribe y Santos tomaron, en total, $261 billones de deuda. Es decir, Petro tomó en cuatro años cerca de $150 billones más de deuda que Uribe y Santos juntos en 16 años.
Esta crisis fiscal exigía, sin duda, una ley de ajuste. De la Espriella recibió el Gobierno más endeudado de la historia y le corresponde estar a la altura de la situación, así no haya sido su responsabilidad, y ajustarse el cinturón.
La ley tiene algunas cosas buenas, pero resultan insuficientes. Mis preferidas: baja la tarifa de renta de las empresas de 35% a 33% en 2027 y a 31% en 2028; recorta a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios; reduce la nómina estatal en 20% y le da al Ejecutivo seis meses de facultades extraordinarias para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades.
Sin embargo, pareciera que aún no entendemos que el problema real no es que los ciudadanos paguemos poco, sino que el Estado gasta mucho y gasta mal.
Según un análisis de La Silla Vacía, esta ley coincide en 73% con la cuarta reforma tributaria de Petro. No desmonta el impuesto a las bebidas azucaradas, sino que lo amplía a las endulzadas con edulcorantes. También aumenta los impuestos a los cigarrillos, vapeadores, azúcar, café, aceites, pastas y chocolate.
En su afán de continuar con el paternalismo, no se dan cuenta de que esos impuestos pesan más sobre quienes menos tienen: el consumidor y el tendero. Y lo peor: el aumento de impuestos a los cigarrillos hará que el mercado ilícito se expanda aún más. Así, perjudican a los colombianos, pierden recaudo y consiguen lo contrario de lo que buscan.
Frédéric Bastiat, economista liberal, lo dijo hace casi dos siglos: el mal economista solo ve lo que se ve -el recaudo proyectado- y no lo que no se ve -el contrabandista que gana mercado y el tendero formal que pierde clientes-. Al que cumple, más cargas; al contrabandista, más mercado.
Lo más grave es que el Gobierno reiteró su intención de reducir el tamaño del Estado en 40%, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, fue explícito en su propósito de pasar de 18 a ocho ministerios. Por el momento, de ambas cosas, pocón, pocón.
El Gobierno ha dicho que arreglar hoy es mejor que quebrar mañana, y tiene toda la razón.
¡Ahora que lo aplique! Confío en que el Congreso aprobará el recorte del gasto, exigirá la supresión de ministerios y entidades y hundirá los nuevos impuestos al consumo.
Que el Estado sea el que se ajuste el cinturón.
La hoja de ruta es nuestra esencia: territorios más seguros, ciudadanos protegidos y policías respaldados. Y se sostiene en un principio que no cambia: servir a todos los colombianos por igual
Son muchos los ejemplos en los que podríamos vernos reflejados. Pero lo más curioso es que, cuando decidimos desconectarnos, el mundo empieza a reclamarnos que estemos de vuelta
Una crisis fiscal afecta a todos, pero especialmente a los más vulnerables. Los colombianos debemos tener claro que el ajuste se va a dar; es mejor que sea concertado y ordenado