Cuando la ley choca con la realidad

Los burócratas entusiastas suelen pensar que hacer que algo sea legal lo convierte, automáticamente, en algo bueno. Por su parte, quienes piensan que la riqueza se decreta, consideran que la prosperidad, la felicidad y el beneficio pueden ordenarse desde una norma. Ambos se equivocan.

Solía pensar que estos entusiastas eran simplemente ingenuos: que, partiendo de buenas intenciones, promovían normas que suenan bien, pero que a la larga terminan perjudicando a quienes dicen proteger. Luego entendí que no es ingenuidad. Saben perfectamente lo que hacen. Ese es el caso de Ana Bejarano y el equipo que demandó el Zero Rating, esa práctica mediante la cual las empresas de telecomunicaciones ofrecen acceso a ciertas aplicaciones sin descontar datos del plan.

Bajo la premisa de “proteger la neutralidad de la red”, la Corte Constitucional con su fallo (a juzgar por lo que se ha conocido hasta ahora) profundiza la desconexión entre la ley y la realidad. Parte de la ficción según la cual permitir unas apps gratis y otras no genera una inequidad en el acceso a contenidos. Pero a lo que llevaría el fallo es a una desigualdad peor: eliminar la opción gratuita para millones de personas sin acceso a Wi-Fi ni a planes de datos amplios.

Si los operadores ya no pueden ofrecer algunas apps gratis porque “viola la neutralidad”, les quedan dos caminos: ofrecer todas gratis (algo económicamente inviable) o no ofrecer ninguna ¿El resultado? El usuario deberá pagar más si quiere seguir usando, por ejemplo, WhatsApp sin agotar su plan. La equidad proclamada se convierte en exclusión real.

Paradójicamente, en nombre de la igualdad, se castiga al usuario de menos recursos. Al menos, antes tenía un acceso parcial; ahora, ni eso.

También hablan de libertad, pero el razonamiento es contradictorio. Si un operador quiere ofrecer datos ilimitados para una app específica y un usuario desea aceptarlo, ¿por qué habría de intervenir el Estado? La razón “legal” es porque la Ley 1450 de 2011, que consagra el principio de neutralidad en internet, lo permite. Pero, como se ve, se estrella contra el sentido común.

Más allá del marco legal, el argumento central es tecnológico. Las apps que se ofrecen “gratis”, como las de Meta, están optimizadas para consumir muy pocos datos. Eso las hace sostenibles dentro de la estructura de costos de los operadores. No ocurre lo mismo con YouTube o Netflix, y pretender que todos los servicios reciban el mismo trato es ignorar cómo funciona el mundo real.

Eso es lo que pasa cuando las leyes se redactan desde escritorios desconectados de la realidad. Como lo explicaría Hayek, el conocimiento está disperso en millones de decisiones individuales, pero el planificador central que cree saberlo todo diseña un sistema que, aunque legal, sigue siendo perjudicial.

En el papel, la Corte defendió la igualdad. En la práctica, encareció y limitó el acceso a internet. Cuando la ley choca con la realidad, la realidad pierde. Y los que más pierden son siempre los mismos: los que menos tienen.