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La reforma pensional está varada en un limbo procesal. Quienes vemos en este proyecto un atentado contra el ahorro y la libertad de elección ya no tenemos más herramientas jurídicas a la mano: solo nos queda respaldar a la Corte Constitucional para que haga lo que el Congreso se negó a hacer, es decir, respetar la Constitución.
Hoy, el estudio de exequibilidad está detenido, pero no por culpa de la Corte, sino por la irresponsabilidad de la Cámara de Representantes. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó hace semanas 17 pruebas necesarias para el análisis del proyecto. A la fecha en que escribo, la Cámara no ha entregado el acta de citación de cuatro sesiones. El freno, entonces, no está en el Palacio de Justicia, sino en el Capitolio.
Aun así, la narrativa de Petro ha sido otra. En lugar de señalar al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca -alineado con su Gobierno-, Gustavo Petro ha preferido satanizar a la Corte y al magistrado Ibáñez. El 23 de julio trinó: “Sé que Ibáñez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral. La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado.” Paradójico que apenas cinco días después, refiriéndose al caso Uribe, escribiera que “en un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad.”
Pero la presión del presidente Petro a la Corte es apenas obvia. Él sabe que la reforma se volvió a aprobar indebidamente. Sabe que la Cámara de Representantes citó a sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio sin tener siquiera el Auto de la Corte que así lo ordenara. Sabe que citaron con un comunicado de prensa y que ese simple hecho ya vicia el trámite. La pensional se debe caer.
Petro sabe que jurídicamente no tiene los argumentos para sostener su reforma, y por eso está recurriendo a atacar la honorabilidad del magistrado Ibáñez.
Pero que este debate jurídico no nos haga olvidar lo que está en juego. Con esta reforma, la intención de Petro es que el Estado se adueñe de los ahorros de la gente, así como ya ha pasado en otros países de América Latina. Ese robo se traduce en que millones de abuelos no tengan un sustento para su vejez. En nuestro documental recién estrenado ‘Sin permiso para envejecer’ (aquí lo encuentran: https://youtu.be/gw6hs5wymSQ?si=c_8IqLPtC-lVSWpY) retratamos ese drama con testimonios reales de lo que significa quedarse sin pensión después de toda una vida de trabajo.
Mi llamado hoy es a derrotar la narrativa del Presidente y a respaldar a Ibáñez y a la Sala Plena. El Presidente ya dejó claro -con sus propias palabras-, y por si aún había dudas, que su gobierno no es democrático, y que no teme en llamar “golpe de Estado” a cualquier decisión que le resulte incómoda. Su proyecto político no tiene reparos en presionar a la justicia ni en estigmatizar a sus opositores.
Hoy, más que nunca, la democracia depende de que la Corte sea el muro de contención frente al autoritarismo. Corte, en ti confío.