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Prohibir es más fácil que organizar

Según los últimos pronunciamientos del Gobierno colombiano en boca de sus ministros de Transporte y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el último recurso al cual pretenden acudir para impedir el funcionamiento de la plataforma Uber es pasarle la “papa caliente” a un honorable juez de la República para que ordene el bloqueo de la aplicación. El bloqueo de la misma iría en contra de los principios de neutralidad de la red (por lo cual los ministerios pondrían en una situación de conflicto nada más ni nada menos que a los operadores de telecomunicaciones, ya sean fijas o móviles). Surge la pregunta de porque luego de casi dos años de discusiones, paros, protestas, consultas, etc., se dejará el destino de una solución tecnológica al problema de la calidad del transporte público, en manos de una rama del poder público que en principio debería estar velando por el respeto de las leyes y del ciudadano, no prohibiendo el uso de plataformas que han demostrado tener una gran acogida en el país.  

Al igual que el caso de Brasil con WhatsApp, donde otro miembro del poder judicial decidió forzar a los operadores de telecomunicaciones a bloquear la plataforma, en Colombia, operadores como Movistar, Claro, Tigo o Telmex podrían verse entre la espada y la pared si un juez o magistrado emite una orden judicial que prohiba el uso de la aplicación Uber. Casos similares ya son noticia en países como España donde desde final de 2014, Uber cerró sus puertas debido a la presión judicial. 

Una decisión como esta se convertiría en un precedente que pondría en aprietos a otros servicios como AirBnB (que permite a los usuarios rentar habitaciones, casas o apartamentos directamente), Spotify y Netflix, entre otros. No se puede negar el mérito del gremio de los taxistas, que han logrado poner presión política a través de bloqueos y marchas, tácticas que al parecer son el mejor mecanismo para hacer que los ministros se involucren con un tema. No sería raro que las asociaciones de hoteleros, así como los proveedores de contenidos audiovisuales y televisión por suscripción como DirecTV, Claro, ETB o Telmex, busquen mecanismos de presión similares para  hacer que el gobierno resuelva la aparente competencia desleal que generan proveedores de servicios OTT (por sus siglas en inglés “Over the Top”) de video como Netflix, de música como Spotify y plataformas como AirBnB.  

Lo que a nadie le queda claro realmente es la causa raíz del problema y porque el Gobierno no toma las riendas del asunto de una vez por todas. Algo que está claro es que todas las regulaciones que definen y reglamentan este tipo de servicios, hoy en día están obsoletas. No es culpa de nadie que esto sea así, lo que no se puede perdonar es que el actualizarlas no se haya vuelto una prioridad del Gobierno. Dejar que Uber o Netflix operen libremente es el camino correcto, como se ha hecho en otros países del primer mundo, mientras se preserve la equidad, el equilibrio y la igualdad entre competidores, sin importar que sean extranjeros o nacionales o si usan o no el internet para su operación. 

Es absurdo pensar que un operador tradicional de servicios de transporte o de contenidos tenga que pagar cierta cantidad de impuestos e invertir dinero en garantizar calidad y nivel de servicio y al mismo tiempo estar enmarcado dentro de una regulación de protección al consumidor, mientras que una empresa extranjera en muchos casos sin ni siquiera una nómina local, haga usufructo de un negocio paralelo sin pagar impuestos ni estar ceñido a una regulación que protege a los usuarios.  

No se trata de prohibir la evolución de un servicio público, de ponerle restricciones, ni proteger un monopolio o un modelo económico tradicional, el objetivo del Gobierno debe ser el de organizar a los prestadores de servicio y definir reglas de juego claras que estén encaminadas a proteger al ciudadano y a garantizar un flujo económico razonable para las arcas del Estado. La palabra clave en estas discusiones es “igualdad”, ya sea de condiciones para el prestador de servicio como de sus obligaciones ante el usuario y el erario público.