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Justicia artificial

El caso de Eric Loomis, un criminal enviado a prisión en el estado de Wisconsin en Estados Unidos tras ser detenido condiciendo un vehículo que había sido utilizado en un tiroteo, ha empezado un largo camino que podría terminar en la Corte Suprema estadounidense. La apelación del acusado no pretende que se reverse la decisión sobre su culpabilidad en el crimen y más bien se opone a la forma en que el juez determinó la condena y en particular al uso de una herramienta tecnológica en el proceso. 

La defensa se opone a que el juez que dictó sentencia en el caso se basó o tuvo muy en cuenta, una herramienta llamada informática conocida como Compas, la cual que establece el riesgo de reincidencia de una persona usando un complicado algoritmo que analiza 137 preguntas sobre el historial del presunto culpable. La defensa de Loomis alega que el uso de los resultados que arroja dicha herramienta, vulnera los derechos del acusado, principalmente porque el algoritmo detrás de ella es secreto y por lo tanto no se permite a la defensa que el mismo sea inspeccionado ni estudiado, algo que de alguna manera contradice el principio de transparencia en la aplicación de justicia. Por otro lado, la Corte Suprema del Estado de Wisconsin argumenta que no es necesario hacer públicos los factores que tiene en cuenta el algoritmo para establecer el riesgo y la posible condena de un presunto delincuente. 

El caso del señor Loomis abre los ojos del mundo entero al dilema que presenta la aplicación de la llamada “Inteligencia Artificial” (AI por sus siglas en inglés) en el derecho y la aplicación de justicia, lo cual se extiende a las transacciones comerciales entre individuos y corporaciones. Muchos se preguntan: ¿podrían tecnologías informáticas basadas en inteligencia sustituir a un juez al determinar la culpabilidad o la sentencia de un acusado? La respuesta a esta pregunta como de costumbre en temas de esta índole, no es simple, ya que se hace necesario matizarla y analizarla en diferentes contextos. 

Algo que pareciera claro, es que en muchos casos, el uso de la AI no solo podría estar justificado sino que se volvería importante y necesario, particularmente cuando se aprovecha la capacidad de computo y de decisión de aparatos que pueden manejar volúmenes de información y ejecutar procesos analíticos gigantescos en pocos segundos.

Tiene sentido pensar que el uso de tecnología debería volverse una herramienta para la administración de justicia, si lograra reducir los tiempos utilizados para resolver casos. La AI no es un remedio universal, pero en asuntos específicos, donde la resolución de un conflicto se pueda lograr de manera objetiva, mediante el análisis de regulaciones o normas vigentes y el uso de sistemas cognitivos apoyados en bases de datos donde se recopilan sentencias y jurisprudencia, es evidente que la tecnología podría ayudar a resolverlos con facilidad y en corto tiempo.

El uso de la tecnología en el ejercicio del derecho y como herramienta en la aplicación de justicia debería ser una iniciativa de máxima prioridad a nivel global. Tanto jueces como fiscales y abogados pueden utilizar los avances informáticos para simular procesos cognitivos que les ayuden a estructurar sus argumentos. Es importante mencionar, que aunque se utilicen algoritmos para resolver casos, todo fallo generado por estos mecanismos, siempre deberá ser refrendado y aprobado por un juez y, en caso de desacuerdo, debe haber un camino legal de apelación.