Reformicidio laboral

Colombia está a pocos votos en el Congreso de adoptar una reforma que precariza el empleo, convierte el mercado laboral en un museo de antigüedades sindicales y cargas administrativas. El Gobierno, con la retórica de “dignidad” y “trabajo decente”, ha tejido un Frankenstein jurídico que, según el Banco de la República, podría destruir 450.000 empleos. Una masacre laboral anunciada, pero celebrada con aplausos ideológicos.

Esta reforma tiene nombre propio: reformicidio laboral. Aumenta los costos laborales en todos los frentes. Impone contratos indefinidos como regla general, recargos salariales que castigan la productividad y obligaciones imposibles para las pymes. La promesa era “empleo formal”; la realidad será más informalidad, más desempleo y más dependencia estatal. El sector privado es tratado como enemigo, cuando es precisamente quien genera empleo, valor y riqueza social.

La destrucción de 450.00 empleos puede parecer una cifra abstracta para algunos, pero en realidad retrata un desmonte meticuloso de las condiciones básicas que le permiten a una sociedad prosperar: libertad contractual, respeto por la iniciativa privada y una mínima coherencia fiscal.

Pero hay algo aún más preocupante. Algunos empresarios -más bien empresaurios-, atrapados en la lógica cortesana del “hay que aprobarle algo al Gobierno”, están dispuestos a apoyar esta bomba regulatoria. Creen que entregando un dedo salvarán la mano, sin notar que están firmando la orden de amputación. No defienden el libre mercado, sino sus contratos, exenciones o espacios de poder. No comprenden que alimentar al monstruo regulador, no lo calma, lo fortalece. Están entregando la soga con la que, más pronto que tarde, los van a colgar... y aplaudirán mientras les aprietan el nudo.

La reforma crea nuevos privilegios mientras destruye oportunidades reales. ¿El resultado? Un entorno donde la única salida para millones será la informalidad, la migración o el rebusque. Colombia no necesita más leyes laborales hechas desde un escritorio ministerial; necesita mercados laborales libres, con menos barreras para contratar y más incentivos para crecer.

Lo más inquietante no es lo que el texto dice, sino lo que implica: un país donde el Estado dirige hasta el horario de los tenderos, exige cuotas, reparte subsidios como si fueran caramelos y convierte cada empleo en un riesgo jurídico. Bajo la bandera del “trabajo digno”, lo que se impone es una precariedad estructural, la precarieconomía.

¿Quiénes ganan con esto? Los burócratas, los sindicatos aliados, y los políticos que pescan votos en río revuelto ¿Quiénes pierden? El joven que busca su primer empleo. La madre cabeza de familia que emprende. El campesino que contrata por temporadas. El migrante que trabaja por horas. El empleador honesto que quiere crecer. Todos nosotros.

Esta reforma no dignifica el trabajo: lo encarece, lo judicializa, y lo desaparece. Es un golpe directo al motor productivo del país, al emprendimiento, a la libertad de elegir cómo, cuándo y con quién trabajar. Es el populismo laboral convertido en ley. Un suicidio económico con disfraz de justicia social.

En un país donde 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad, esto es como exigirle a quien se ahoga que nade con una piedra atada al cuello. Hay reformas que construyen futuro. Esta lo sepulta.