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Según el último censo, el departamento del Cesar tiene cerca de 1,1 millones de habitantes; las estadísticas sobre el número de personas que han sufrido la violencia de todos los sectores, de la derecha, la izquierda y del propio Estado es cercana a 32% del total de la población; lo que arroja un resultado de 352.000 cesarenses, que precisamente, la violencia, no quieren que se repita y claman porque se mantenga la paz relativa que hoy tenemos y que se consolide en nuestro territorio. La Paz, no es solo el símbolo de una paloma, es el camino para conservar vidas y bienes en nuestro departamento. Los cesarenses sabemos que sí estamos en paz, salimos de nuestras casas y regresamos a ellas y regresan también nuestras mujeres y nuestros hijos. Con la guerra no sabemos si regresamos. Y si regresamos nosotros no sabemos si regresan nuestras mujeres o hijos. Con la paz, sabemos que si trabajamos duro, podemos conservar los bienes que adquirimos. En la guerra, todo lo que trabajemos lo podemos perder en un instante: Cuando llega un violento y nos dice que tenemos 24 horas para desalojar nuestra parcela y que si no lo hacemos regresará para asesinarnos.
La primera condición para defender un derecho, es conocerlo. En Colombia y en el Cesar, el derecho a la paz, es un derecho de los individuos, no del gobierno o del Presidente de turno, por mandato del artículo 22 de la Constitución que dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; es además, un derecho fundamental y como tal irrenunciable; la consecuencia es que los cesarenses lo tenemos y no podemos desprendernos de él, aunque quisiéramos. Las víctimas de la violencia del Cesar y de Colombia, no tenían ningún derecho, hasta que la Corte Constitucional dictó la sentencia C-1149 de 2001, magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería, que reconoció por primera vez, que las víctimas de la violencia tendrían derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición, a la reparación plena, en forma individual y colectiva, incorporando la memoria histórica. En esa sentencia, por vez primera aparecieron las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de vías públicas, y las erecciones de monumentos para facilitar el deber de recordar.
El derecho a la paz tiene una doble dimensión negativa: 1.- La falta de violencia física y psíquica y 2.- La ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales y una dimensión positiva, pues se le considera no solo como la ausencia de violencia, sino además como una cuestión de desarrollo, una forma de cooperación no violenta, igualitaria, y modernamente se considera que no es posible estar en paz si no existe el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos y económicos sociales culturales y de solidaridad. Los cesarenses queremos una verdadera paz con justicia social; esto es, con más derechos; un derecho a la paz pleno y no medio derecho a la paz. Por eso estamos proponiendo para el Cesar una paz duradera y el respecto a los derechos de las 352 víctimas que dejó la violencia.
