Sin petróleo, sin carbón y sin renovables

El actual gobierno prometió en campaña acabar con el petróleo y la minería, y hasta el momento ha sido fiel a sus promesas. La industria petrolera se desvanece, el gas se acaba y desde la ANH se dice que no es necesaria la suscripción de nuevos contratos para incrementar reservas. La semana pasada se anunció un borrador de decreto que prohibiría las exportaciones de carbón a Israel, siendo este uno de los más importantes destinos de este mineral para Colombia, por cuenta de la guerra que se libra en la franja de Gaza y el apoyo abierto dado a Palestina por Colombia. El gobierno dice a voz en cuello que su objetivo es que haya cero inversión extranjera en petróleo y minería, y aquí nada pasa.

De la mano del marchitamiento de las energías fósiles, debía venir el impulso a las renovables, pero no ha sido así. De acuerdo con Ser Colombia, en 2023 solo se ejecutó 36% de los proyectos de energías renovables identificados y los demás fueron pospuestos. La política energética del gobierno está descuadernada y no se ven ni los resultados esperados ni las señales necesarias para que las empresas le apuesten a invertir en el país. Y no se trata solamente de lo que les pase a los empresarios, que pueden trasladar sus capitales a otras jurisdicciones, lo que preocupa en este momento, es el déficit de energía que se avizora y frente al cual no se ven medidas claras y urgentes como las que se requerirían para evitar un desastre que afecte al país entero.

Dicen los expertos que la demanda de energía en el país ha crecido en 8,3% mientras que la oferta solo ha crecido 2,5%. En las subastas de 2019 y 2021 se asignaron 2.400 MW en energía eólica, a proyectos que deberían haber entrado en operación en 2022, sin que hasta la fecha haya entrado ninguno. Desde el punto de vista de la transmisión, la situación es igualmente crítica. A los ya conocidos problemas de la región Caribe por deficiencia en la infraestructura de transmisión, se ve venir la crisis en el suministro a Bogotá en el corto plazo por la imposibilidad de terminar la expansión de las redes de transmisión por problemas ambientales y sociales, lo cual ha sido ya confirmado por el Grupo Energía Bogotá (GEB).

De otra parte, en un momento como el actual, no tener expertos independientes nombrados en propiedad pasa factura al sector. Cerrando el quinto mes del año, solo 5% de la agenda regulatoria de la Creg había sido ejecutada. En medio de la coyuntura del Niño, no existe hoy confianza en la institucionalidad y pesa sobre los agentes el temor al desvanecimiento de los principios tarifarios que han logrado la expansión del sector eléctrico desde hace 30 años.

Desarrollar los renovables implica dar confianza a los inversionistas sobre la solidez del sector, respetar las reglas del juego en materia fiscal, agilizar los trámites ambientales asociados a los proyectos, asumir con seriedad y responsabilidad la tarea de destrabar las consultas previas que tienen estancada a La Guajira, dotar a la Upme de los recursos necesarios para poder tramitar las conexiones solicitadas en tiempo y que hoy están en el aire y sobre todo, observar el país a largo plazo, sin acabar con lo construido en los últimos 30 años.