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En Colombia hablamos mucho de política, de coyuntura y de polarización, pero hablamos poco -demasiado poco- de educación.
Y resulta extraño: pocas decisiones son tan determinantes para el futuro de un país como las que se toman -o se dejan de tomar- en su sistema educativo.
Y eso resulta paradójico en un país donde la educación no es un asunto sectorial, sino una realidad cotidiana que atraviesa a millones de personas. La educación, en realidad, es uno de los sistemas sociales más grandes del país.
Hoy en Colombia hay cerca de 9,5 millones de estudiantes en preescolar, básica y media. A ellos se suman más de 2,5 millones de estudiantes en educación superior.
Detrás de esas cifras hay una estructura humana enorme: más de 450.000 docentes, además de rectores, orientadores, investigadores y miles de trabajadores administrativos que sostienen el sistema educativo todos los días.
Si a esto sumamos a las familias de cada estudiante, la educación toca la vida de más de 20 millones de colombianos.
Es, sin exagerar, uno de los sistemas sociales más grandes del país.
También es una prioridad fiscal. La educación representa la mayor inversión del Estado colombiano después del servicio de la deuda, lo que debería convertirla en uno de los temas centrales del debate público. Sin embargo, rara vez ocupa ese lugar.
Quizás porque la educación exige algo que la política suele evitar: pensar en el largo plazo.
Un sistema educativo serio no se construye en cuatro años. Se construye con continuidad, acuerdos amplios y una visión de país que sobreviva a los ciclos electorales. Por eso preocupa que muchas de nuestras discusiones sigan concentradas en la coyuntura: nuevas carreras, programas rápidos o soluciones de corto plazo al mercado laboral.
Mientras tanto, más de 2,5 millones de jóvenes en Colombia no estudian ni trabajan, los llamados “ninis”. Una cifra que refleja no solo un problema económico, sino una fractura educativa y social que comienza mucho antes de la universidad.
La raíz está en el colegio.
Durante años hemos desprotegido una de las etapas más determinantes del desarrollo humano. Allí se construyen las habilidades fundamentales, el pensamiento crítico, la curiosidad intelectual y también algo que pocas veces aparece en los currículos: el amor por el territorio que habitamos.
Porque la educación no solo forma trabajadores. Forma ciudadanos, comunidades y futuro.
También necesitamos una conversación más seria entre lo público y lo privado. Las empresas conocen las transformaciones productivas, las universidades investigan y forman talento, y el Estado define las reglas del sistema. Pero con demasiada frecuencia estos tres mundos avanzan en paralelo, cuando deberían hacerlo en diálogo permanente.
La educación pertinente -la que conecta formación con desarrollo regional- solo es posible cuando empresa, academia y sector público conversan de verdad. Las comparaciones internacionales tampoco son tranquilizadoras. En las pruebas PISA 2022, Colombia se ubicó alrededor del puesto 58 entre 81 países, con resultados por debajo del promedio de la Ocde y detrás de países latinoamericanos como Chile y Uruguay. En esta campaña presidencial la educación debería ser parte central del debate. Un sistema que involucra a más de 20 millones de colombianos no se transforma con consignas, sino con algo más exigente y necesario: la capacidad de escucharlo y aprender de él.
Porque cuando un país decide tomarse en serio su educación, no solo mejora sus indicadores: empieza a cambiar su destino.
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